De todo, lo que llama más la atención es la severidad con que se protege la propiedad como bien jurídico, por sobre otros.
Emmanuel Arredondo Hernández
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.
En los últimos días se ha hablado de una crisis de seguridad pública a raíz de una multiplicidad de homicidios y delitos violentos ocurridos en el país. A raíz de esto sobran las voces con el mismo discurso y propuesta simplista al fenómeno criminal, donde destacan las que dicen “Mano dura a la delincuencia”, “más atribuciones a las policías” y la siempre común “endurecer las penas a este tipo de delitos”.
Lo cierto es que dichas respuestas simplistas al problema delictual abundan, se han aplicado y han fracasado en Chile y en Latinoamérica. A modo de ejemplo en Chile una persona reincidente, que salta la reja de un antejardín y roba un cilindro de gas, un macetero u otro elemento similar, puede perfectamente ser condenado a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin embargo este endurecimiento de pena no ha hecho que bajen los robos en lugar habitado.
Así también en cuanto a la persecución y condena de este tipo de delitos, existe una gran flexibilización para renunciar al derecho a un juicio oral y público. Esto último ha llevado a que muchas personas imputadas por distintos tipos de robos prefieran aceptar responsabilidad, recibir una pena menor pero segura, pero sacrificar su derecho a un juicio oral. Esto significa que existirá un sinnúmero de condenas en las que nunca se tendrá certeza sobre la efectiva inocencia o culpabilidad de los imputados.
De todo, lo que llama mas la atención es la severidad con que se protege la propiedad como bien jurídico, por sobre otros. Tanto así que solo recién el 2020 hay una ley que efectivamente endurece las penas al femicidio. En cambio, en delitos contra la propiedad desde el 2016 se han llevado a cabo una serie de reformas sustantivas que han endurecido y creado nuevos delitos más específicos, protegiendo robos a cajeros, vehículos motorizados y otras figuras. Surgen entonces múltiples interrogantes que deben ser atendidas: ¿Qué tan efectivas son las medidas de persecución penal en Chile? ¿Solo se cometen delitos contra la propiedad en Chile o será necesario modernizar tanto la persecución, como la tipificación y castigo de otros delitos que protegen otros bienes jurídicos igual o más importante?.