Hemos sido testigos de cómo la crisis sanitaria nos llevó a una obligada transformación digital, que si bien fue complejo para muchos, también ayudó a dar un salto en temas como la educación y capacitación o en el acceso a trámites del Estado desde cualquier lugar.
Luz María González
En medio de la discusión de una nueva constitución, la agenda ha servido para dar a conocer una serie de derechos que debiese respetar y asegurar el Estado a todas las personas, entre ellos, los derechos digitales, que seguramente serán abordados en las comisiones de derechos fundamentales, así como en la de conocimiento, ciencia, tecnología, cultura, arte y patrimonio.
Más allá de que estos sean o no considerados dentro de la nueva carta magna, es fundamental discutir seriamente sobre el tema ya que el mundo digital es cada día más importante para el funcionamiento del mundo real. Es por eso que, garantizar derechos como el acceso a internet, a la alfabetización digital, a la protección de datos personales y a la comunicación, no parecen ser solo caprichos, ellos son a su vez herramientas habilitadoras de otros derechos humanos y del desarrollo sostenible de los países. Las TIC mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, facilitando y democratizando el acceso a servicios digitales en salud, educación, trabajo, así como la posibilidad de participar en la economía digital.
En este sentido, el capacitar a la población en torno al uso de herramientas digitales parece vital para que las personas se enfrenten y estén preparadas para el futuro. Ante esto, lo primero es cerrar la gran brecha que existe entre diferentes capas de la sociedad, de manera de convertir a todos los chilenos en usuarios funcionales de estas herramientas o de nada servirá garantizar el acceso.
Hemos sido testigos de cómo la crisis sanitaria nos llevó a una obligada transformación digital, que si bien fue complejo para muchos, también ayudó a dar un salto en temas como la educación y capacitación o en el acceso a trámites del Estado desde cualquier lugar, lo que ha permitido que incluso analfabetos digitales puedan usar estas herramientas para aprender más de ellas. Aprovechar lo práctico y efectivo que nos ha dejado esta rápida digitalización debería estar dentro de las prioridades de las autoridades, quienes a través de políticas públicas tienen la oportunidad de garantizar derechos digitales a todos los chilenos.