¿Cómo avanzamos a una sociedad más justa? Lo seguro es que la regulación actual no es suficiente, sobre todo si consideramos que en un 42% de las áreas protegidas chilenas se ha proyectado actividad industrial de diferentes formas.
Amaya Álvez, Dra en Derecho, profesora U. de Concepción. Candidata a constituyente por el Distrito 20.
Camila Ortiz, Magister (c) en Política y Gobierno. Candidata a concejal San Pedro de la Paz.
El 2 de febrero de cada año se celebra el #DíaMundialdelosHumedales, ecosistemas que proveen de agua dulce a millones de personas en todo el planeta, actúan como barrera natural para controlar los efectos meteorológicos del cambio climático, y en el caso de la Región del Biobío, sustentan el sistema alimenticio de muchísimas familias.
Los humedales constituyen un recurso natural de valor incalculable para la humanidad, y es por eso que, en esta etapa de cambios sociales, políticos y culturales a nivel local y global, queremos reflexionar sobre la relación con el medio ambiente y el rol que tendrán los gobiernos locales y el proceso constituyente en la protección y conservación de los ecosistemas.
Al revisar nuestra relación con el geoentorno como seres humanos, nos damos cuenta que esta se ha basado en la explotación (o extractivismo) del medioambiente, sacando todo lo que necesitamos de él y excluyendo la mirada de muchas cosmovisiones indígenas, que son parte de nuestra sociedad y promueven desde su conocimiento ancestral una visión de equilibrio o armonía con la naturaleza.
Lo que describimos no es azaroso; es parte de un modelo económico donde el valor del territorio se expresa en dinero, invisibilizando a las diferentes formas de vida que allí habitan produciendo prácticas culturales y economías colaborativas. Un ejemplo claro es la distribución del territorio libre de contaminación que perjudica a quienes tienen menos ingresos y poder, al acceder a los suelos más económicos que generan las zonas de sacrificio, mientras los propietarios de las empresas extractivas viven en los sectores con mejores índices financieros, espacios públicos verdes y, por tanto, con mejor calidad de vida.
¿Cómo avanzamos a una sociedad más justa? Lo seguro es que la regulación actual no es suficiente, sobre todo si consideramos que en un 42% de las áreas protegidas chilenas se ha proyectado actividad industrial de diferentes formas. La Ley de Humedales Urbanos que rige hace poco sin duda es una buena noticia, sobre todo por el foco en la participación ciudadana que aporta y el papel que confiere a los municipios en la fiscalización de la protección ambiental, pero bien sabemos que la presencia de las comunidades sin apoyo financiero, organizacional y técnico, ni infraestructura disponible para la tarea asignada, sigue siendo una gran oportunidad en la que se sobreponen intereses particulares y el daño a la naturaleza.
Esta situación nos desafía a pensar cómo debemos organizar la vida de tal modo que sea digna para todas y todos, definiendo cuáles son los bienes comunes que debemos proteger y limitando la propiedad privada que afecta de manera desigual. Ad portas de la Convención Constitucional y las elecciones de gobiernos locales, tenemos la responsabilidad colectiva de proponer una Nueva Constitución que favorezca la responsabilidad hacia el territorio, además de promover un modelo socioeconómico sustentable y equitativo entre seres vivos, clases sociales y comunas.
Lo observamos en el plebiscito por la Defensa del Humedal Los Batros en San Pedro de la Paz el año 2019. Allí, la ciudadanía tuvo derecho a incidir de manera vinculante en el futuro de su territorio, participando electoralmente, como actores que se involucran en la conservación, considerando como aliadas a las comunidades aledañas, a las familias horticultoras e incluso a las y los vecinos que disfrutan del paisaje. Los humedales, así entendidos, son mucho más que un accidente del terreno. Son un foco de vida natural que debemos proteger responsablemente, pensando en hoy y el mañana.