Tania Galgani Ugarte
Profesora del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción
La historia de la exclusión femenina tiene larga data. Inclusive desde el descubrimiento: en 1519, el Capitán General Magallanes, antes de partir, ordenó a los 237 hombres que integraban el primer viaje para circunnavegar la Tierra, “que todos se confesaran y, por respeto, prohibió que ninguna mujer se uniera a la tripulación”, como indica Antonio Pigafetta en su extraordinario relato.
Más allá de esta anécdota, ahora lo importante es avanzar en la inclusión de la mujer en la actividad política, para de esta manera incidir en la toma de decisiones, cuestión de la que el mundo femenino ha sido constantemente excluido, ya desde los albores de nuestra vida como nación independiente.
Las primeras Constituciones simplemente partieron de la base que las mujeres, siendo chilenas, no eran ciudadanas, pese a que no se estableció expresamente la prohibición del sufragio para ellas. Solamente se daba como algo obvio que las mujeres no tenían derechos políticos, imposibilitándoles el sufragio y el ser electas en cargos de representación popular. A estas alturas resulta ser casi jocoso los argumentos que en 1884 intentaban dar los parlamentarios liberales para oponerse al voto femenino, señalando que las mujeres tenían un “temperamento obediente”, por lo que ellas harían en política sólo lo que su padre, marido o hijos dijesen, que les faltaba “cabeza” o “inteligencia” para la política y que su naturaleza emotiva las incapacitaría para tener una opinión razonable; mientras que los conservadores -que apoyaban tal reforma-, lo hacían pensando en que el voto de la mujer sería favorable a sus intereses, al ser más proclives a seguir los mandatos de la Iglesia Católica.
Ambos argumentos son un insulto, porque parten de la minusvalía y carencia de autodeterminación de la mujer. Por ello, los movimientos feministas de los albores del siglo XX buscaron la igualdad política en el derecho a sufragio, como una forma de incidir en las políticas públicas que afectaban a la mitad de la población (mujeres) y que eran completamente invisibles por una tradición cultural centrada en las necesidades del hombre. Pero este primer paso resultó ser insuficiente. Actualmente hombres y mujeres estamos dotados de los mismos derechos, pero su ejercicio es desigual. Basta observar la escasa presencia femenina en cargos de toma de decisiones en el ámbito público y privado, violencia de género, brecha salarial y, una cuestión que ha quedado de manifiesto ante el confinamiento obligado producto de la pandemia: la inequitativa distribución de las cargas domésticas.
Exponer esto permite enfrentar el actual momento constitucional con la mirada puesta en que, tanto hombres como mujeres, podamos ejercer en igualdad de condiciones los derechos fundamentales de que estamos dotados en razón de nuestra dignidad. Quienes ejerzan como convencionales constituyentes deberán estar a la altura de tal desafío, para no pasar a la historia como los legisladores del 1884.