En materia de política criminal, las perspectivas punitivistas constituyen solo una pequeña dimensión de las políticas públicas responsables que deben adoptarse para enfrentar la criminalidad.
Andrés Cruz Carrasco
Abogado, doctor en Derecho.
No basta con una legislación concentrada en la represión. La tendencia sigue siendo “la huída hacia el derecho penal”, como si la solución a toda conducta considerada desviada estuviera en decisiones populistas de corto plazo, meramente simbólicas que carecen de efectividad real y constituyen una inútil repetición de lo ya existente, pero que se comunica con pirotecnia para, de manera bastante irresponsable y cínica, hacer creer que algo se está haciendo.
En materia de política criminal, las perspectivas punitivistas constituyen solo una pequeña dimensión de las políticas públicas responsables que deben adoptarse para enfrentar la criminalidad. La prevención primaria pasa necesariamente por abordar el contexto social y situacional para hacernos cargo de las condiciones que hacen posible la aparición del delito. Las políticas públicas en materia de educación, vivienda, ciudad, espacios públicos, trabajo, bienestar, etc., son indispensables. Entregarnos a la segregación urbana y rural, con sectores marginales que han sido abandonados por el Estado, entregados a las organizaciones criminales que suplen la ausencia de la autoridad, generan un peligroso sentido de pertenencia y seguridad, lo que les permite a estos grupos blindarse y reclutar “soldados” para sus actividades. La prevención secundaria exige una policía profesionalizada, con capacidad y medios tecnológicos, que sea capaz de acercarse a la comunidad sin que sus miembros se sientan en peligro, que actúe oportunamente y de forma transparente, sin que la seguridad ciudadana signifique el sacrificio de nuestras libertades ciudadanas. Este fortalecimiento pasa también necesariamente por ampliar la aplicabilidad de las técnicas de investigación (las anunciadas por el gobierno no son novedosas) y a instituciones como Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Poniendo énfasis en las pesquisas patrimoniales relacionadas con los delitos de lavado de activos, delincuencia económica y corrupción de funcionarios públicos. Desde la dimensión de la prevención terciaria, las políticas públicas destinadas a la reinserción requieren considerar la asistencia post penitenciaria o las ayudas sociales que hagan posible la subsistencia, luchando contra los estereotipos y perjuicio que hacen de la persecución penal un mero mecanismo de control social que exigida por el rendimiento de corto plazo, las estadísticas y el circo mediático se aletarga concentrándose en determinadas clases sociales sin combatir efectivamente la criminalidad más peligrosa.