Como ciudadanos debemos hacernos responsables no solo de avanzar en los derechos, sino también de incorporar nuestros deberes.
Dr. Ricardo Barra
Director Centro Eula
Investigador Centro Crhiam
Facultad de Ciencias Ambientales
Universidad de Concepción
En medio del debate constitucional, uno de los temas que despierta mayor interés es la problemática el ambiental. En ese contexto surgen diversas y legítimas preguntas: ¿Cómo proteger la naturaleza y a la vez garantizar que las generaciones futuras prosperen?, ¿deben tener dueño los bienes comunes como el agua, el océano y el aire?, ¿cuál es el rol de la ciudadanía y su participación en la toma de decisiones ambientales?, ¿dónde queda el tema de la sostenibilidad y la precaución?, ¿cómo aseguramos la protección en la crisis climática que vivimos?
Por otra parte, es necesario reconocer también los deberes que, como sociedad, debemos promover en el cuidado de los ecosistemas, que son la base de nuestro bienestar. Al respecto, se deben cautelar al menos tres principios fundamentales.
El primero es la garantía que el Estado debe procurar en la protección de la naturaleza y sus recursos, sobre la base de la sostenibilidad. Que las futuras generaciones puedan también disfrutar de aire, agua, y suelo limpios, para la protección de la salud humana y el ambiente, que ahora sabemos son altamente dependientes.
Lo segundo trata de la incorporación del tema de la sostenibilidad, como un principio fundamental para el desarrollo del país y sus instituciones.
En tercer lugar está el acceso a los recursos naturales considerados bienes comunes, que se debiera acordar como sociedad. El tema de la propiedad pública de los recursos de uso común y el rol que juega el sector privado, junto a la discusión sobre el agua, es crucial.
Por otra parte, como ciudadanos debemos hacernos responsables, no solamente de avanzar en los derechos, sino también de incorporar deberes como miembros de una comunidad con conciencia ambiental. Una ciudadanía activa en el cuidado del patrimonio ambiental y que también se comprometa con su conservación.
Sin duda, el escenario que se abre con la discusión constitucional no solamente debemos dejarlo al arbitrio de letrados y abogados expertos en los temas constitucionales, sino también abrir la discusión a la ciudadanía. El país, su gente, paisajes y ecosistemas son nuestra casa común, en la cual debemos convivir con la responsabilidad de dejarla en buenas condiciones para las generaciones venideras.
Porque el desarrollo económico es un pilar importante, pero debe ir acompañado de la protección del patrimonio ambiental y de la necesaria equidad social en los beneficios y usos que le damos a la naturaleza.
Finalmente, se debe cautelar que no se puede proteger lo que no se conoce, por lo que el Estado y la sociedad chilena debieran garantizar que la investigación sobre el patrimonio ambiental que incluye los ecosistemas, su protección y valoración, debiera ser una preocupación permanente en el país.
Por todo ello, el rol del Estado en la tutela de los recursos naturales, debiera estar en el eje de la discusión que seguramente se abrirá a partir del 25 de octubre próximo.