El sistema capitalista explota los recursos naturales sin tomar en consideración las graves consecuencias que esto traerá para el medio ambiente.
Kimberly Iglesias
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales
Colectiva Justicia en Derechos Humanos
La protección del medio ambiente se registra a partir de 1976, siendo la Constitución actual una de las primeras en recoger dicha temática, en 1980, consagrado específicamente en el artículo 19 N° 8 el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Establece, además, el correlativo deber del Estado de velar para que este derecho no se vea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza pudiendo, incluso, establecerse limitaciones y restricciones a otros derechos consagrados.
Tristemente, la disposición no es más que letra muerta. En la práctica, pareciera ser que ningún otro derecho puede contrariar, limitar o restringir el de propiedad. Y este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación cede a favor del modelo extractivista y con ello, del derecho de propiedad y la libertad empresarial.
Prueba de lo anterior es la actual regulación consagrada en nuestro código de aguas, que concede al Estado la prerrogativa de entregar derechos de aprovechamiento – aun cuando es un bien nacional de uso público- en forma perpetua a los particulares, quienes lo incorporan a su patrimonio -en propiedad- lo que les habilita para vender, comprar y arrendar el derecho humano de un recurso que escasea actualmente en Chile. Este fenómeno es lo que el gobierno de turno ha llamado “Mega sequía” limitándose a justificarlo en la escasez de lluvias de los últimos años y, por qué no, en el cambio climático.
Si bien ambas son causas, dicha denominación esconde un problema mayor: el sistema capitalista explota recursos naturales sin tomar en consideración las graves consecuencias para el medio ambiente, lo que hoy se reflejan en comunidades como Petorca.
Así, la solución no es sólo que, como individuos y en palabras del ministro de Agricultura, Antonio Walker, racionemos el agua. Es necesario que se aborde el medio ambiente y los recursos naturales, con la debida relevancia, poniendo fin a la ceguera política conveniente para sus intereses económicos.
Un punto importantísimo a tener en consideración para el nuevo proceso constituyente es que dichas temáticas se aborden desde el interés público, teniendo como base estructural la protección al medio ambiente. Que la nueva Constitución siente las bases que promuevan la conservación de ecosistemas y recursos hídricos, entendiendo que el reconocimiento del derecho humano al agua no se vincula sólo con la satisfacción de una necesidad o en pro de usos productivos y económicos, sino que también con la dignidad intrínseca de las personas.