Amaya Alvez Marin
Académica Universidad de Concepción y Abogada Colectiva. Justicia en Derechos Humanos
Sólo recientemente los pueblos originarios han sido reconocidos como sociedades permanentes en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las Constituciones de Latinoamérica han intentado abrir espacio para la cosmovisión indígena. Ello no ha ocurrido en las 12 Constituciones que ha tenido Chile. La voz de estos Pueblos ha sido, y es aún hoy, acallada.
Durante casi cuatro décadas, hemos vivido en un pacto impuesto, con un ideal de sociedad creado a puertas cerradas, que no reconoce la diversidad y crea un estado unitario y homogéneo donde sólo la voz occidental ha sido escuchada. Esta idea fue plasmada en la actual Constitución Política de Chile de 1980, pero ha sido fuertemente cuestionada.
Tenemos, sin embargo, una nueva oportunidad. Hoy en Chile se vive un momento histórico que aspira a establecer una convivencia intercultural, una nueva oportunidad para replantear la sociedad chilena.
En el Censo 2017 el 12,8% de la población censada se auto identifica como parte de un pueblo indígena, siendo el 9,9% del total efectivo Mapuche. El mundo indígena ha sido reconocido legalmente, tienen instituciones propias y legítimos representantes que deben ser escuchados como parte de este proceso que es parte de la denominada autodeterminación indígena.
La nueva Constitución debe representar el mestizaje propio de esta tierra, reparando los abusos históricos cometidos en contra de los Pueblos Originarios que habitan lo que hoy llamamos Chile.
La salida institucional a la crisis política, en la Convención Mixta o Convención Constitucional, exige una cuota de representación indígena en la elaboración de una Carta Fundamental desde el inicio.
No resulta aceptable que los Pueblos Originarios sean excluidos del proceso. Ello con el objeto de terminar con la supresión sistemática, hacerse cargo de su calidad de naciones, y visibilizarlos en el marco de la convivencia democrática. Esto es básico para comenzar un proceso de pertinencia cultural que no signifique simplemente una nueva asimilación forzada.
Los indígenas deben ser respetados en sus cosmovisiones, incluso en la diversidad entre pueblos, para que se haga una deliberación política adecuada. Si este proceso constituyente falla en esa tarea de reconocimiento y redistribución del poder político, abriendo espacios desde el inicio para representantes de Pueblos Originarios, habremos perdido una oportunidad histórica de reencuentro y reconciliación.