La gran protesta social que ha estallado en la cara, no solo del gobierno , sino del conjunto de una clase política deslegitimada desde hace rato, ha logrado victorias impensables hace solo unos pocos días, rebaja sustantiva de los sueldos de los parlamentarios, aprobación aplastante de las 40 horas por el congreso, parada en seco de varios proyectos del gobierno que pretendían dar marcha atrás a algunas reformas estructurales del gobierno de Michelle Bachelet , uno de los cuales, la reforma tributaria, pretendía devolver 800 millones de dólares anuales a las grandes fortunas del país, reforzamiento del pilar solidario, congelación de alza de tarifas eléctricas y de tarifas del metro, aporte del 5% patronal al ahorro previsional individual de los trabajadores, etc. todas estas son victorias indiscutibles del pueblo producto de la gigantesca protesta social en desarrollo y que al final están poniendo en cuestión definitivamente el modelo económico ultraliberal del cual Piñera es el símbolo.
La ciudadanía ha impuesto ya un cambio muy de fondo de la agenda del gobierno, y no solo de este, sino también en la de la elite política de este país. Este hecho no es menor. Sin embargo, hay que estar conscientes que este gran estallido social adolece todavía de las insuficiencias propias de su espontaneidad. También resulta muy peligrosa la acción de elementos desquiciados a su sombra y en este caso son las fuerzas del orden las que deben actuar y desde luego también los movilizados por cuanto las acciones delictuales de esos elementos desvirtúan la justicia de la causa.
Es urgente entonces llenar estos vacíos. Ante la pérdida de legitimidad y credibilidad de los partidos de la actual oposición, sería casi imposible que estos cubrieran el vacío de liderazgo. Por lo tanto, ese espacio puede y debe ser ocupado por la Mesa Social en estrecha colaboración y coordinación con los partidos opositores, en particular aquellos que pudieran contar con cierto grado de credibilidad frente a la ciudadanía.
No son pocos los dirigentes políticos, de derecha e izquierda, que hablan de la necesidad imperiosa de llegar a un “nuevo contrato social”. Las constituciones son eso, un contrato social entre partes con intereses y necesidades diferentes que concurren y se ponen de acuerdo para establecer reglas de convivencia, deberes y derechos.
Entonces, ante la necesidad proclamada de este nuevo contrato surge la pregunta: ¿es que alguna constitución chilena ha sido el producto de un contrato social? Mi respuesta es NO y sobre todo es NO en el caso de la constitución de 1980 impuesta por las armas de una dictadura brutal. Por lo tanto, digo SÍ, necesitamos alguna vez de un contrato social serio y este debe expresarse en una NUEVA CONSTITUCIÓN generada por una ASAMBLEA CONSTITUYENTE elegida por voto popular universal.
Fue la idea de Michelle Bachelet, pero se encontró con los obstáculos de los mismos que han llevado al país a esta crisis y allí se bloqueó la idea. Hoy se abre la gran oportunidad de romper ese bloqueo restableciendo en la actual constitución el PLEBISCITO para dirimir las grandes controversias como en la que estamos. Esta debiera ser la gran bandera de lucha que a debieran levantar los ciudadanos justamente para reabrir con ella el camino hacia una Nueva Constitución, por cuanto sin ella nada podrá cambiar en serio en este país.
Ariel Ulloa
Ex alcalde de Concepción