Si a inicio de los ‘80 existían menos de 10 Universidades en Chile, actualmente se registran más de 60, a las que se suman más de 90 Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
Christian Schmitz Vaccaro
Rector Universidad Católica de la Santísima Concepción
Existe un amplio consenso en el hecho de que la educación es una verdadera oportunidad de movilidad social en nuestro país. La disponibilidad de cupos y la matrícula en la educación superior han aumentado exponencialmente en los últimos 40 años. Si a inicio de los ‘80 existían menos de 10 Universidades en Chile, actualmente se registran más de 60, a las que se suman más de 90 Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
Según datos del Ministerio de Educación, la matrícula total de Educación Superior para 2019, alcanza a 1.268.510 estudiantes, considerando los niveles de pregrado, posgrado y postítulo, lo que representa un incremento del 28,7% entre 2010 y 2019.
Según el tipo de institución, en 2019, las universidades concentran el 59,1% de la matrícula total, seguida de los institutos profesionales (IP) con el 30,1%, y los centros de formación técnica (CFT) con 10,9%. Tomando como referencia el mismo periodo, las instituciones que más crecen son los IP, con un alza de 70,0%.
Esto ha configurado un sistema que se ha denominado de “provisión mixta” en la nueva Ley de Educación Superior, dividiéndolo tajantemente, en dos subsistemas: el universitario y el técnico profesional. Esta separación en el papel, provoca en cierto modo una división artificiosa: con esta clasificación, ambos subsistemas no conversan y no reflejan la vocación tecnológica de diversas universidades tradicionales chilenas, una realidad que es parte de su esencia.
Las universidades que contamos con este propósito en nuestros proyectos educativos, buscamos continuamente ampliar las oportunidades de acceso efectivo a la educación superior, de articulación de los distintos niveles de formación –desde la enseñanza media, la formación técnico profesional universitaria, el pre y el postgrado- y promover la formación continua, en un enriquecedor ambiente universitario. Esta integración virtuosa de los distintos niveles formativos avanza en el reconocimiento de los aprendizajes previos, y permite ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de miles de jóvenes.
La división legal en subsistemas conlleva consecuencias e inequidades que complejizan los procesos de admisión, los modelos educativos, la fluidez formativa, las vías de financiamiento y la medición realista de indicadores de calidad -que son relevantes en los procesos de mejora continua, la autoevaluación, y acreditación-. Por el contrario, si promoviéramos la integración más que la división entre los niveles formativos, contribuiríamos a ser un puente en el desarrollo de la vocación de los estudiantes, que buscan avanzar por los diversos niveles de formación guiados por los proyectos educativos de la Universidad que acogen como su “Alma Mater”.