En Chile, junto con las responsabilidades penales y civiles, existen las responsabilidades políticas, que recaen en aquellas personas que ejercen cargos públicos que incurren en faltas a sus responsabilidades funcionales o administrativas, cometiendo acciones como el notable abandono de deberes o faltas a la probidad y la ética. Esto instalado en la búsqueda de un comportamiento superior para quienes deben cumplir el difícil arte de gobernar.
Este tipo de responsabilidades, a diferencia de las penales o civiles, son enjuiciadas por el Poder Legislativo (no por el Judicial) y se conocen como acusaciones constitucionales. En este proceso la Cámara de Diputados funciona como una especie de fiscalía y el Senado como el jurado, y son ambas cámaras las que se encargan de determinar si un alto funcionario público es culpable de una falta grave a la Constitución o a la Patria en materias que no necesariamente serian imputables en los tribunales de justicia o que comúnmente podrían considerarse como una infracción a la ley.
En ese sentido la acusación contra la actual ministra de Educación, de acuerdo a lo expresado en el libelo acusatorio, se basa en cinco acciones que se le imputan: Falta a la verdad; mal uso de datos, por envío de correos masivos a apoderados; inadecuada implementación del Sistema de Educación Pública, relacionado al anterior, se le acusa de una baja ejecución presupuestaria en la Dirección de Educación Pública, y por el no pago de la mención a educadores diferenciales (demanda levantada en el último paro docente).
Estos cinco argumentos son difícilmente imputables en nuestro sistema judicial, ya que responden básicamente a apreciaciones políticas e incumplimientos normativos (en algunos casos administrativos) que no están expresados explícitamente en nuestra legislación. Es por estos motivos que este tipo de procesos tiene dinámicas y códigos bastante difíciles de navegar, más cuando nuestra historia republicana reciente demuestra relativa seriedad en el uso de este instrumento. El hecho de que estos juicios sean llevados por un órgano cuya composición responde a las vicisitudes partidistas de la política contingente, puede generar una tentación o utilitarismo electoral en el uso de este proceso.
Es más, en dos de los últimos tres gobiernos se ha encontrado culpable a un ministro de Educación en un proceso de acusación constitucional. Eso demuestra que esta cartera, por lo delicado de la temática que involucra, siempre está en riesgo de caer en un juicio político. Incluso el único gobierno en que no hubo una acusación constitucional contra un ministro de Educación fue en el anterior, y la razón de esto parece ser, más que por una buena gestión, porque la oposición no contaba con los votos para lograrlo.
Nuestra educación, los educandos y docentes, requieren salir de las acusaciones y pasar a grandes acuerdos nacionales, al establecimiento de una política de Estado y no del momento, que nos permita y garantice efectivamente avanzar hacia el desarrollo y la mayor integración de nuestra sociedad.
Luciano Parra Provoste
Lucas Serrano Barraza
Administración Pública USS