Opinión

Descentralización y el Fin del Poder

Por: Diario Concepción 14 de Junio 2019
Fotografía: Cedido

Erwin Eschmann
Académico Programa de Estudios Europeos
Universidad de Concepción

El politólogo Moisés Naím sostiene que estamos experimentado un debilitamiento general del ejercicio del poder por las instituciones y estructuras formales de organización que conocemos. El poder en el siglo XXI se está degradando, es decir, “el poder es cada vez más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder”. El poder, tal como lo conocimos en tiempos pretéritos, se fragmenta, se atomiza y se degrada, partiendo por el poder político simbolizado en los Estados-nación, sin perjuicio del poder económico, religioso, social y cultural. Las razones son múltiples, el avance tecnológico, las redes sociales y, en general, el fenómeno de la globalización está redefiniendo las relaciones de poder en la sociedad y desafiando a los regímenes democráticos. Chile no está ajeno a estos fenómenos.

Las profundas transformaciones que estamos viviendo, ha tenido su correlato en las relaciones entre los Estados y sus unidades subnacionales. La creciente exigencia de los ciudadanos por tener mayor incidencia o participación en las decisiones públicas colectivas, así como beneficiarse de los avances del progreso, ha significado que lo “local” exija mayores espacios de protagonismo tanto en las decisiones de política interna (políticas públicas) como en las definiciones de política internacional de los estados. Incluso, las regiones buscan su internacionalización mediante la paradiplomacia. Como lo afirma Keating, “estamos asistiendo a una reestructuración de la política territorial de los Estados, con la aparición de nuevos actores y de nuevos temas, asistiendo a una verdadera reinvención del territorio como requisito funcional y como principio político del nuevo orden global.”

Pese algunas voces centralistas defensoras statu quo, la nueva realidad socio-política requiere avanzar con paso firme en el proceso de descentralización implementando en los plazos comprometidos las últimas reformas constitucionales y legales que buscan elegir democráticamente a los gobernadores regionales y el respectivo traspaso de competencias desde el poder central. En la medida que las decisiones públicas se tomen más cerca de la realidad de los ciudadanos, éstos tendrán mayores posibilidades de incidir y fiscalizar las decisiones de los gobernantes locales permitiendo legitimar el ejercicio sus potestades por parte de las instituciones del Estado, fortaleciendo así la democracia.

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