Andrés Cruz Carrasco
Abogado, magíster Filosofía Moral
No puede hablarse de un sistema político administrativo verdaderamente descentralizado sin que se cumplan al menos un mínimo de condiciones. Para que se pueda sostener una descentralización territorial resulta ser indispensable que las colectividades locales puedan gozar de una real autonomía jurídica y financiera. Luego, resulta ser esencial que dispongan de una esfera de competencias propias y exclusivas, distintas de aquellas que corresponden al poder central del Estado. Además, la gestión de los asuntos locales debe ser entregada a las autoridades territoriales elegidas por sufragio universal. Elección y descentralización resultan ser elementos inseparables.
Todos estos aspectos deben concurrir para conferirle a las unidades territoriales un margen efectivo de autonomía con una suficiencia básica para que puedan operar. La región debe ser un escalón coherente y estratégico, que se gestiona mirando hacia el futuro.
No es fácil referirse a la descentralización, cuando la tradición y la fuerza de la inercia de los poderes de los caudillos locales se encuentran hace rato instaladas, demostrándose contrarios a todo cambio que pueda poner en riesgo sus prerrogativas tanto legítimas, como las que podemos denominar, usando un término moderado, inmorales. El riesgo de socavar el clientelismo instalado y las esferas de influencia local generan una resistencia dentro de la región, que se complementa con aquella que se encuentra radicada fuera de ella, respecto de quienes detentan el poder y que ejercen de manera endogámica.
Una “mesa de trabajo” para perfeccionar la legislación aplicable a los nuevos gobernadores regionales no es más que un eufemismo, una denominación distinta para nombrar a las temibles e ineficientes “comisiones” y que ya permiten vislumbrar que no es más que una excusa para postergar las elecciones por sufragio universal de estas autoridades territoriales. Parece que formará parte de aquellas reformas imposibles, de las que todos prometen pero que se quedan prisioneras del papel que conforma el programa de gobierno, que sirve para encender apasionados discursos que remueven la pasión regionalista y de paso hace que caigan un par de votos a favor. Nuevamente todo ha devenido en sensacionalismo político cuya materialización dependerá no del financiamiento, de la definición de atribuciones o del perfeccionamiento de una ley, sino que sólo de la “buena voluntad” de los que concentran el poder y de los que internamente en la región ven una amenaza para sus pretensiones personales y para el status quo en esta nueva institucionalidad.