Opinión

Un derecho de todos

Por: Diario Concepción | 07 de Junio 2019
Fotografía: Cedida

Conciliar la vida familiar con las responsabilidades laborales debiera ser un derecho de todos los ciudadanos. Sin embargo, existe en nuestro país un segmento de la población que no tiene la libertad para decidir u organizar el tiempo que pasa con sus seres queridos. Estoy hablando de las Fuerzas del Orden y Seguridad, aquellos que se dedican a cuidar de nosotros.

Según el artículo 101 de la Constitución, las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública están compuestas por los cuerpos de Carabineros e Investigaciones. Se establece que los funcionarios pertenecientes a estas instituciones deben estar comprometidos con sus responsabilidades como uniformados, de forma tal que quedan sujetos a viajes y traslados continuos dentro y fuera del territorio nacional.

Este “estar siempre dispuestos” a los requerimientos de sus superiores, deja a los integrantes de los cuerpos policiales en una situación en la cual les es imposible ajustar sus actividades laborales con su vida personal, encontrándose constantemente en una posición que no es sana para ninguna persona.

Es importante, entonces, que se tomen medidas que permitan a las fuerzas del orden cambiar esta situación y lograr conjugar de manera eficiente su rol como uniformado y civil.

Existen, además, otros aspectos de sus condiciones laborales que son necesarias de replantear. Me parece de vital importancia que antes de trasladarlos o relocalizarlos, se tenga en cuenta a sus familias, así como el trabajo de sus parejas o cónyuges o bien si tienen hijos. Más aún, no podemos olvidar que la familia es el pilar de la sociedad, y que todo niño necesita a sus padres presentes en su vida.

Por esto, no es posible que, al momento de tomar la decisión de un traslado, se equiparen las chances entre un funcionario sin responsabilidades maritales o paternales, y otro que tiene un padre o un hermano enfermo o varios hijos que cuidar.

Dada esta injusta situación, presenté un proyecto de resolución que tiene como objetivo instruir al ministro del Interior y Seguridad Pública y al ministro de Justicia, a elaborar medidas que permitan a los miembros de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, conciliar sus labores como uniformados con su vida familiar.

Porque, reitero, es deber del Estado preocuparse por todas las familias del país, para lo cual es necesario desarrollar toda clase de normas jurídicas y políticas públicas que tiendan a fortalecer la base de toda sociedad y que permitan a los ciudadanos lograr un pleno equilibrio entre los dos aspectos principales que componen el quehacer de sus existencias: la familia y el trabajo.

 

Cristóbal Urruticoechea, diputado de RN

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