El desafío de fortalecer la democracia liberal y representativa exige monitorear, actualizar, corregir e implementar estrategias de manera permanente y desarrollar programas y agendas tendientes a devolver credibilidad, dignidad y prestancia a la acción pública. Un ejemplo de ello es avanzar en la modernización del Estado, agendas que estimulen la transparencia, el control social, que combatan la corrupción, que perfeccionen constantemente el sistema político y que entreguen respuestas acertadas a las transformaciones sociales propias de un contexto de cambios disruptivos, que instale nuevos paradigmas, en una sociedad que exhibe profundas fracturas.
Horckhemier, teórico crítico de la escuela de Fráncfort, decía que el Poder es como el gas, fluye hasta donde los límites lo permiten. La estructura del Estado y el ordenamiento jurídico, cual cañería, encausan ese gas en una dirección estratégica en función de los objetivos y fines del Estado, pero las cañerías con el tiempo se corroen o corrompen, el gas se fuga y es preciso reparar o sustituir esas cañerías para asegurar que el Poder se conduzca hacia los fines supremos del Estado. Y no cabe duda que esta asertiva alegoría reivindica el valor de la revisión, observación, seguimiento, evaluación (ojalá cuantificable) y control de calidad permanente de las políticas públicas y de las estructuras e instituciones democráticas del Estado.
La Reforma de modernización laboral que promueve el gobierno está en plena sintonía con la adaptación necesaria del sistema laboral ad portas de la cuarta revolución industrial, científica y tecnológica, en términos de estimular una flexibilidad que se adapte a la automatización, la robótica, al teletrabajo o las tecnologías 5 G, que derriba fronteras de tiempo y distancia, entre otras tecnologías que inciden disruptivamente en las tradicionales formas de trabajo. Así como el necesario estímulo a una mayor incorporación de la mujer al sistema laboral, lo que contribuye a sacar muchos hogares de la pobreza y combatir la vulnerabilidad de la pobreza multidimensional. Sin embargo es evidente que la mayor flexibilidad, se traduce en precarización en términos de protección y calidad del empleo.
Algunos sectores políticos ya rasgan vestiduras y enarbolan las banderas del fortalecimiento sindical y la negociación colectiva, en una mirada con algún sesgo nostálgico y anacrónico quizá más propios de la segunda revolución industrial, en la era del proletariado, se oponen a la propuesta de reforma laboral, con el aire de superioridad moral y el verbo inquisidor que los caracteriza.
Sin embargo, hay formas modernas como el diálogo social institucionalizado validado por la OIT y la UE con buenas experiencias en términos de política comparada, en Irlanda y en la reconstrucción social de la España post franquista, que contribuyen a equilibrar las relaciones no sólo laborales, sino todas aquellas en que la concentración de Poder pueda generar riesgos de abuso. Contribuyen a la reconstrucción de las confianzas, a generar instrumentos de participación bidireccionales, coherentes con Estados más modernos y que permiten contribuir a la cohesión social ofreciendo un camino democrático, institucional y enmarcado en el Estado de Derecho, para la resolución de controversias, por una vía pacífica, asegurando una República en la dirección de construir un sólo Chile, reivindicando los principios de la libertad, igualdad y fraternidad.
Augusto Parra Ahumada
Presidente de la Fundación República en Marcha