Los sistemas de pensiones son pilares fundamentales de la red de protección social que el Estado entrega a sus habitantes, ya que no hay grupo etario más vulnerable que las personas de la tercera edad. La compleja paradoja que se da en los jubilados al tener que incurrir en altos costos de vida por su edad versus los casi nulos ingresos que generan por haber salido del mercado laboral, crea una situación precaria que requiere de un rol activo del Estado.
Ante eso se han generado dos grandes respuestas sobre cómo abordar desde el Estado las pensiones: el sistema de reparto (insostenible en el tiempo) y la capitalización individual (la opción que se utiliza en Chile). Sin embargo, ambos han demostrado ser insuficientes para lograr asegurar una buena calidad de vida para las personas de la tercera edad.
Por eso, con la nueva y necesaria reforma a nuestro sistema de pensiones impulsada por el gobierno, la gran pregunta es si este cambio es suficiente para, de una vez por todas, aliviar la compleja situación de las personas en edad de jubilación. Y en ese sentido, aun cuando el proyecto busca aumentar el ahorro con un mayor aporte de los empleadores, fortalecer el pilar solidario e incluso estimula la competencia del sistema de AFP, los resultados de estos cambios parecen estar muy lejos de lo mínimo que se necesita para otorgar una vejez digna. Debemos recordar que la pensión básica solidaria está 40 mil pesos bajo la línea de la pobreza.
Entonces, ¿qué se necesita para garantizar un buen pasar a la tercera y la cuarta edad de nuestro país? La respuesta pareciese estar en más acciones de política pública distintas a las pensiones. Necesitamos dar respuesta a las necesidades de salud, cuidado y vivienda que hoy merman los ya precarios ingresos de los jubilados, focalizar programas de empleo y actividades que los mantengan estimulados y no los marginen de la sociedad y por sobre todo fomentar acciones que vayan en directo beneficio de la mejora de su calidad de vida.
Ante eso, tenemos que dejar de pensar en las pensiones como la panacea en la lucha contra la vulnerabilidad de la tercera edad, sino que debemos diseñar políticas públicas que ayuden al Estado a cumplir su rol de mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados.
Lucas Serrano Barraza
Académico de Administración Pública
Universidad San Sebastián