En agosto pasado, el Ministerio del Medio Ambiente anunció el lanzamiento de un plan de protección para implementarse en 40 humedades a nivel nacional, a través de diversas herramientas entre 2018 y 2022.
Se trata sin duda de una iniciativa valiosa, pero aún insuficiente, a la espera de una legislación específica que asuma la protección de los humedales y, sobre todo, establezca sanciones a quienes incumplan.
El tema fue ampliamente abordado ayer en el inicio del Segundo Encuentro Nacional de Humedales de Chile, desarrollado en la Universidad de Concepción, patrocinado por la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio (Vrim), y organizado por la Red de Humedales del Bío Bío, en el que participaron 30 organizaciones, integradas por ONG’s, fundaciones sin fines de lucro, agrupaciones ecológicas, centros de estudios e investigación, juntas de vecinos, colectivos universitarios, redes y coordinadoras comunitarias.
Entre las inquietudes abordadas por los expositores, figuraban la lentitud con la que se avanza en materia legislativa para garantizar las herramientas efectivas de protección, a un ritmo que no se condice con el avance de los proyectos que amenazan a los humedales urbanos.
Sin embargo, se destacó cómo la propia ciudadanía ha logrado categorizar el tema como prioritario, forzando muchas veces a sus autoridades a tomar carta. Como bien expresaron sus organizadores, la idea es seguir fomentando lazos y alianzas entre las comunidades organizadas, la academia y la esfera científica, de forma de instalar en la discusión pública, política y legislativa la relevancia de los humedales, por el rol que ellos cumplen y por su valor ecosistémico único, que si se pierde, jamás se recupera.
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