La ley 21.091 sobre educación superior, vigente desde hace unos meses, plantea un régimen completamente nuevo y desafiante de aseguramiento de la calidad universitaria. Así también, se establece un proceso de transición a un régimen de acreditación distinto, basado en criterios y estándares actualizados en estos procesos, y que comenzará su marcha en enero de 2020. Sin embargo, las instituciones nos enfrentamos a un panorama de incertidumbre.
En el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch), concordamos que, así como está planteada la ley, se hace imposible llevar este régimen transitorio a la práctica. Al carecer de la racionalidad necesaria, el nuevo marco legal podría ocasionar una grave crisis en el aseguramiento de la calidad del sistema chileno de educación superior, y su impacto para nuestras instituciones aún no se ha evaluado en toda su magnitud. No obstante, aún se pueden hacer los ajustes necesarios.
Los plazos para la fijación de nuevos criterios y estándares de acreditación provocarán retrasos en los procesos de autoevaluación y acreditación que están en curso, y en aquellos que se iniciarán antes del 2020. Nuestra institución es una de ellas. Esta situación es, a toda vista, altamente discriminatoria e injusta, considerando que lo aconsejable y racionalmente exigible es que todas las instituciones trabajen en forma oportuna los nuevos estándares y criterios, y los apliquen durante tiempos razonables. Solo de esta forma se asegura la seriedad que amerita un proceso de acreditación y se resguarda la credibilidad del sistema de educación superior para todos los involucrados.
Las instituciones que estamos en pleno inicio del proceso de autoevaluación, trabajamos sobre una base incierta. En forma ciega, se deben suponer aquellos criterios que aún no se definen, lo que torna una tarea de alta responsabilidad en un juego aleatorio. Una lotería que, en definitiva, se aleja de uno de los objetivos principales a los que el país, el Estado y nuestras instituciones, aspiran y promueven: instalar la cultura de aseguramiento de calidad.
Por lo mismo, esperamos que se generen las adecuaciones necesarias al texto legal, que se extiendan los plazos de aplicación de los nuevos criterios y estándares hasta el año 2021, que se asegure un proceso serio de definición de criterios y estándares con validación de expertos nacionales e internacionales, y que se resuelva la situación de aquellas carreras y programas de postgrado que quedaron en medio de procesos de la Agencia, previa la entrada en vigencia de la nueva ley.
Asimismo, confiamos en que la puesta en práctica de esta transición y supresión de la acreditación de carreras, permitirá visualizar que la sobrecarga al sistema de la CNA deberá ser mitigada a través de agencias privadas reconocidas por la CNA, que supervisen y acrediten programas de formación, sometidos a evaluación de forma voluntaria. Esperamos que las propuestas sean acogidas por el Ministerio, y en la siguiente etapa, por los parlamentarios, de manera que se introduzcan los ajustes legales pertinentes.