Jorge Ulloa Aguillón
Intendente del Bío Bío
Uno de los anhelos más importantes para los padres, es entregar una buena educación para sus hijos. Vemos como día a día, cientos de padres y familias realizan esfuerzos para elegir la educación de ellos, buscan las condiciones adecuadas para que los niños y jóvenes puedan aprender y adquirir las herramientas que les permitan el día de mañana desenvolverse en el mundo laboral y social.
En ocasiones, este anhelo se ve truncado, cuando a pesar de todos los esfuerzos, se generan desmanes y destrozos provocados por estudiantes a los establecimientos educacionales que alteran el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y terminar afectando la convivencia escolar.
Las reivindicaciones estudiantiles son legítimas, pero pretender transformar la reivindicación en un proceso permanente a lo largo de los años, sobre todo cuando muchos de los cambios históricamente exigidos están siendo progresivamente implementados, esa reivindicación pierde credibilidad, y si ese estado permanente de movilización es además violento, y deja destrozos en los establecimientos y en la vía pública, e impide a muchos estudiantes acceder a su natural derecho a la educación, además pierde legitimidad.
Esta situación y el profundo compromiso con la calidad de la educación, fue lo que motivó al Presidente Sebastián Piñera a presentar un Proyecto de Ley que entrega más facultades a los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión o cancelación de matrículas, para así, poder enfrentar hechos de violencia catalogados como graves, tales como: cuando se haya usado o almacenado armas o artefactos incendiarios y explosivos. De la misma manera los directivos podrán ejercer el derecho cuando se ejerza agresión física grave, que produzcan lesiones a profesores u otros miembros de la comunidad académica. El proyecto busca resguardar el debido proceso, aunque en ese tema seguramente será objeto de reparos.
Lo que se busca con la presente iniciativa, es asegurar el derecho a que todos los miembros de la comunidad tengan garantizada su integridad física y psíquica. Y con esto, el derecho de resguardar a los profesores, docentes y alumnos en las aulas.
Debemos devolver a las comunidades escolares un clima de sana convivencia interna, erradicando la violencia y la agresividad como parte del diario vivir. Estamos ciertos que, para ello, iniciativas como éstas son parte de los que debemos impulsar.
Sabemos que es el inicio y que aún falta dialogar y conocer otros aspectos, como el apoyo integral para los alumnos sancionados y sus familias, pero ningún gran camino se inicia sin un primer paso. Sin lugar a dudas, se trata, de un apoyo concreto para cientos de padres que anhelan entregar una educación de calidad a sus hijos y sobre todo en una “Aula Segura”.