Jorge Condeza Neuber
@jorgecondezan
La semana pasada se conoció un informe de Contraloría respecto a una investigación del 2017 a la Subsecretaria de Prevención del delito. A alguien se le ocurrió escribir grandes titulares de que se habían perdido 122 mil millones, cifra no mencionada en el informe, generando ese sensacionalismo que terminó tapando lo que era el foco del informe: grandes cifras en programas cuya efectividad está claramente en duda demostrando una ineficiencia en el uso de los recursos públicos que no es novedad. A eso se sumaron declaraciones del exsubsecretario quién dio a entender que hubo contratación de personas para pagar favores políticos, un vulgar tráfico de influencias para contratar a amigos u operadores políticos del gobierno de turno. Nada nuevo bajo el sol.
Otro informe ratificó 4,300 millones de déficit en la Municipalidad de Estación Central, y que alguien, con el fin de mantener escondida la deuda real, no contabilizó las facturas de varios proveedores. Este informe no se ha publicado en ningún medio de cobertura nacional, básicamente porque ya no asombran a nadie.
Estos dos asuntos tienen en común no solo esta evidente falta de control y la impunidad que todas estas faltas conllevan, asunto que he comentado en numerosas columnas, sino que además una preocupante falta de reacción de aparataje Estatal.
Cada cierto tiempo se pone de moda hablar de la modernización del Estado y ahora circula un documento preparado por los grupos empresariales del país, relacionados a modernización tributaria y como destrabar las inversiones del sector privado. Todo muy necesario, por cierto. Pero muy poco se hace por modernizar de verdad el aparato público en el tema esencial: quién administra el enorme presupuesto fiscal, en qué se gasta y quién controla.
El Estado debe estar el servicio de las personas y sus necesidades, y para ello importa mucho el contar con gente realmente capacitada, con profesionales decentes y no con losamigos, camaradas o parientes nombrados a dedo, los que rápidamente pasan a ser empleados del político que los puso. Para ello se necesita una modificación de verdad y no mantener un sistema que sigue aparentando que está todo bien.
Y lo segundo es instalar indicadores de gestión en la mayor cantidad de organismos y programas. Lo de la Subsecretaria de prevención del delito puede ser la muestra de cómo funcionan cientos de reparticiones, en que se paga favores políticos en el ítem gasto de personal contratando gente que no sabe abrocharse los zapatos, o en que los programas son un reparto de lucas sin criterio alguno y en muchos casos solo porque el programa existe.
La modernización del Estado debe llevar aparejada metas de gasto eficiente, siempre, y sobre todo ahora que tenemos alto déficit fiscal y una deuda que consume muchos recursos en intereses.