Andrés Cruz Carrasco
Abogado, Magíster Filosofía Moral
Derechos y obligaciones surgen de los conflictos. Son consecuencia de la indignación moral, incluso espontánea, muchas veces impulsada por los más jóvenes que desean un cambio radical. No provienen de la acción directa de alguna divinidad, ni de la cesión altruista de los que concentran más poder. No son producto de algún iluminado inspirado que los consagra sentado detrás de un cómodo escritorio, sino que se deben a la sangre derramada por miles de seres humanos. Los derechos y los deberes han de ser conquistados.
Desde la desesperada violencia callejera hasta la persuasión en el seno de las instituciones constitucionalmente reconocidas, siempre ha debido existir una confrontación. Como sostiene Salvador Giner: “los derechos son derechos logrados. Batallas vencidas. La emancipación, el estar libre de dominación, la igualdad, el reconocimiento moral efectivo son fruto de victorias, precedidas de reveses y derrotas las más de las veces.
Con frecuencia los heredamos, inconscientes de lo que hay detrás. Cosechamos victorias inmerecidas”. Damos como natural algo de lo que no hace mucho estábamos privados, porque fueron otros, la mayoría ya olvidados, los que sirvieron de carne de cañón, los que no accedieron a cargos públicos o importantes puestos en directorios ni mutaron en prestigiosos “lobbistas”. Optaron por seguir ungidos en sus utopías. Los que resistieron y lucharon y hoy, si están vivos y no tuvieron que entregar sus vidas o perecieron desilusionados de lo que después aconteció, han devenido en mudos testigos. Sin la rebelión de los excluidos contra la discriminación, sin la lucha contra el racismo, sin la pelea por el reconocimiento del voto para las mujeres y su acceso al ejercicio de las mismas funciones que los hombres, sin las duras conflagraciones religiosas, hoy no estaríamos debatiendo por el proclamación de otros derechos que posibiliten la superación de los prejuicios y la segregación.
Las luchas pueden ser largas, habrán errores y fracasos, podrán extenderse por generaciones, hasta que los derechos puedan quedar asentados culturalmente y ser aceptados con naturalidad. No se tiene que apelar a mártires, sino que a la sencilla virtud cívica de la participación republicana. No al político profesional, sino que al ciudadano meridianamente activo. En ningún caso al peligroso fanático de una causa, que pretende quemarlo todo, ni al operador de algún partido. Tampoco a los mesías que se dicen los voceros de la incorruptibilidad.
Es el deber de quien, sin vocación de ser canonizado como un apóstol de la democracia, asuma su condición de ciudadano.