Por: Sebastián Cid Gutiérrez
Recorrer las calles de la ciudad de Concepción es para muchos un gran placer. Poder circular por el Parque Ecuador junto a la familia, visitar la UdeC viendo la diversidad de personas que la habitan, ir de paseo a Lenga a sentir el viento marino o realiza un recorrido por Lota y su historia, puede ser para muchos una tarea sencilla y plena de experiencias enriquecedoras; no obstante, esta misma vivencia se puede transformar en una odisea si añadimos una silla de ruedas al viaje.
Hoy en día el transporte público penquista, tanto inter como intra urbano, no cuenta con un sistema que garantice accesibilidad universal y respete el derecho básico a la autonomía y participación de todos y todas, lo que resulta fundamental para el desarrollo de la vida en sociedad.
Las personas en situación de discapacidad nos encontramos con una gran barrera, una enorme injusticia y claro atropello a nuestros derechos. ¿Cómo optar a oportunidades laborales, educación e incluso salud cuando no podemos desplazarnos por la ciudad que habitamos?
Es un hecho que hemos avanzado en la visibilización de la discapacidad. Normativas como la ley de inclusión o muchas de las acciones gestionadas a través de la institucionalidad, son un ejemplo de un propósito por ofrecer a todos y todas – por ejemplo- una educación que nos permita acceder a nuevas y mejores oportunidades. Pero esto no es suficiente. Las personas en situación de discapacidad tenemos derecho a acceder no solo a educación y salud, sino también a recreación, cultura y en definitiva, a participar de la vida ciudadana. Para esto, la premisa básica es que nos podamos trasladar satisfactoriamente por las calles.
Es urgente tomar en cuenta y aplicar medidas que contribuyan a otorgar accesibilidad al transporte público. Considerando la importante inversión pública en mejorar el sistema de transporte, es necesario no olvidar que un porcentaje no menor de ciudadanos requieren adaptaciones físicas de las máquinas para usarlas de forma cómoda y normal como todo chileno tiene derecho.
A esto, debe sumarse un proceso de desarrollo de habilidades para quienes trabajan en el sistema de transporte público – conductores, personal de seguridad, cobradores – que les permita conocer cuáles pueden ser los principales requerimientos de las personas en situación de discapacidad durante el trayecto, facilitando con esto la colaboración por parte del resto de la comunidad.
La construcción de una sociedad con derecho a la ciudad para todos y todas es una demanda urgente y una tarea conjunta.