Poca cobertura en los medios, a nivel nacional, ha tenido el importante fallo del Tribunal Electoral Regional al destituir a 7 concejales de la comuna de Hualpén por notable abandono de deberes y falta a la probidad. Erróneamente se ha resaltado el viaje a Arica y su traslado a Tacna, pero la verdad en este fallo, y de ahí radica su importancia, es que se destituyó a los concejales por no fiscalizar, olvidando por completo el rol que la ley les asigna.
Conviene recordar que la ley 18.695 otorga al Concejo un carácter normativo, resolutivo y fiscalizador y en lo especifico, establece que al Concejo le corresponderá entre otros, fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan y, además, fiscalizar las unidades y servicios municipales. Además, dice la ley, esta fiscalización comprende la facultad de evaluar la gestión del alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el concejo.
Entonces el Concejo es un órgano fiscalizador establecido en la ley para hacer un contrapeso a la gestión de los alcaldes, gestión que normalmente es desbordada por las peticiones ciudadanas y por la necesidad de ocupar la caja municipal en la siguiente reelección. Para evitar esta fiscalización y con la excusa de querer una administración ágil, eficiente y no entrampada por concejales que buscan notoriedad, los alcaldes buscan "capturar" el concejo. Cuando no se puede contar con concejos afines políticamente se inventan viajes a todas partes del mundo, capacitaciones inútiles y favores de trabajo para los parientes y amigos. Así se teje esta red, con favores que después se cobran, eliminando así una función básica del concejo, sin comprender que finalmente toda la organización se resiente.
Casos de concejales que no han hecho ninguna acción de fiscalización abundan y muchos deben estar asustados que algún valiente , como Katty Torres en Hualpén, los acuse por abandono de deberes y falta a la probidad. Pero no podemos depender de estos casos aislados, y hoy más que nunca es urgente contar con leyes que amplíen esta acción a la ciudadanía, que ordenada y responsablemente pudiera ejercer un derecho básico: expulsar a las malas autoridades.
El TER ha puesto en su lugar el rol fiscalizador de los concejos y la publicidad de este fallo permite ver a lo que se arriesgan quienes simplemente han recibido una dieta haciendo la vista gorda y no han trabajado en lo que efectivamente les corresponde, por cobardía, por compromisos políticos o por flojera sin entender que su acción facilita que la corrupción crezca y se fortalezca.