Gran parte del patrimonio nacional se encuentra en regiones, donde las universidades realizan un importante trabajo territorial vinculado con las comunidades. Cuatro especialistas comentan sobre este trabajo que fue abordado en las Primeras Jornadas Universitarias de los Patrimonios Regionales, organizada por AUR.
El potencial cultural de las sociedades radica, en parte, en su patrimonio, el que no solo puede ser guardado como herencia, sino también proyectado al futuro en una revalorización de culturas e identidades.
Según Unesco, en su más amplio sentido, Patrimonio Cultural es, a la vez, un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio.
En el caso chileno, según el Consejo de Monumentos Nacionales, el 67% de los Monumentos Nacionales, Zonas Típicas y Santuarios de la Naturaleza se encuentran en regiones y el 33% restante en la Región Metropolitana.
También están en regiones los sitios que se han logrado inscribir en la Lista de Patrimonio Mundial: Rapa Nui, Chiloé, Valparaíso, Sewell, Humberstone y Santa Laura, y el Qhapac Ñan (Camino Principal Andino).
En ese contexto, y considerando la “vinculación permanente de nuestras universidades con sus comunidades regionales”, el presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), Patricio Sanhueza, realizó una presentación a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados sobre la Indicación Sustitutiva al Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, lamentando que las universidades de regiones no fueran convocadas a consulta para los insumos del cuerpo legal.
Para la AUR, el estudio, la investigación y el conocimiento del Patrimonio declarado se desarrolla con gran importancia desde la masa crítica de investigadores locales y regionales, produciendo conocimiento situado; a lo que se agrega que los procesos de valoración se legitiman de manera efectiva desde las comunidades regionales, las que no sólo son beneficiarias pasivas, sino que también intérpretes activas de ese legado; procesos en los cuales la vinculación con el medio de las universidades regionales cumple un activo rol articulador.
Así lo explica el jefe de la Unidad de Patrimonio de la Universidad de Concepción, Javier Ramírez: “actualmente hemos transitado desde una mirada unidireccional a una bidireccional en relación con las vinculaciones entre las universidades y sus comunidades y territorios. Esto quiere decir que el rol que están cumpliendo nuestras instituciones no es sólo conservar y gestionar sus propios patrimonios, sino también establecer lazos colaborativos y de un modo más horizontal. En el caso de nuestra universidad, con las regiones de Biobío y Ñuble, a través de la formación, investigación y asistencia técnica”.
De tal manera, sostiene, se ha abandonado el concepto de investigación como una relación vertical con las comunidades y territorios, lo denominado “extractivismo académico”, es decir, “el uso de los fenómenos sociales como mero objeto de estudio”.
Ramírez es también director del Magister en Arte y Patrimonio, y académico del departamento de Artes Plásticas de la UdeC y, a su juicio, “el rol público de las instituciones de educación superior como agentes políticos de una sociedad es fundamental, no para ‘llevar conocimiento’, sino que para ‘participar con la sociedad’ en la gestión de sus patrimonios”.
Esto es más necesario hoy, señala, cuando estamos en una situación histórica nacional y mundial de enorme importancia. “En el caso de Chile, en el proceso de la elaboración de una nueva Carta Magna (derechos culturales) y, a nivel mundial, con la situación del cambio climático y su incidencia en comunidades y territorios, y de manera directa con sus patrimonios, en donde cultura y medioambiente no se pueden abordar como cuestiones separadas ni diferentes”, dice Ramírez.
Con él concuerda Gonzalo Ortega, para quien las universidades regionales se convierten actualmente en “la oportunidad para resguardar y gestionar dos elementos importantísimos y que caracterizan a las regiones: las identidades locales y la riqueza de éstas, en cuanto corresponde a la idea de diversidad”.
Javier Ramírez
Ortega es académico del departamento de Historia y Geografía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y directivo del Consejo Comunal para el Patrimonio de Tomé. A su juicio, “las universidades regionales deben avanzar en la activación patrimonial, pues son una instancia que, por lo general, posee cierta autonomía respecto de las iniciativas provenientes del Estado, tanto como de los municipios; esa autonomía se hace relevante puesto que permite abordar las problemáticas patrimoniales a tiempo, y no de manera reactiva como tradicionalmente lo hace el Estado”.
Para María Isabel López, en tanto, un papel fundamental de las universidades es contribuir, a partir de la investigación, la educación y la vinculación con el medio, al conocimiento, la visibilización y valoración de la diversidad de herencias que existen en las regiones; tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
“Un aspecto clave en este tema es abordar el patrimonio desde una perspectiva crítica capaz de cuestionar las lecturas tradicionalistas del patrimonio. Desde el estallido social vemos que uno de los temas que surgió fue el cuestionamiento a los ‘monumentos’ oficiales que se reconocen en las ciudades. Este cuestionamiento no solo expresa la vigencia del debate entre lecturas coloniales y post coloniales del patrimonio, sino que es también una clara expresión de las tensiones y las asimetrías de poder implícitas en la definición de qué es lo que se valora y porqué”, señala la académica del departamento de Planificación y Diseño Urbano e investigadora del Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios, CETI, de la Universidad del Biobío.
Un segundo aspecto esencial, agrega, es contribuir a un abordaje holístico de la noción de patrimonio que integre no solo la expresión material de estas herencias, sino también las prácticas productivas, culturales cosmovisiones y formas de vida que las sustentan. “Si bien hay un avance discursivo en este sentido, los instrumentos institucionales siguen aún muy fragmentados”, señala.
Desde hace al menos una década, las universidades han aumentado el interés por trabajar las problemáticas patrimoniales, inicialmente desde un enfoque centrado en el pasado y en la monumentalidad; no obstante, este enfoque ha tenido un giro hacia las problemáticas más humanas, sociales, culturales y comunitarias que se desarrollan en el marco del patrimonio.
En ese contexto, cree Ortega, el desarrollo de estrategias de vinculación con el medio se hace importantísima para generar redes con organizaciones de la sociedad civil, independientes de la institucionalidad estatal. “Ellas son las que, en este último tiempo, han sido responsables del desarrollo de estrategias de activación patrimonial, no obstante, necesitan apoyos técnicos y herramientas que las universidades pueden poner a su disposición”, sostiene.
También la vinculación con instituciones del Estado es vital, dice, para lo cual menciona la generación de convenios y asistencias técnicas para mejorar los procesos, así como la propuesta de una visión crítica acerca del trabajo y las políticas patrimoniales y culturales que se desarrollan en el marco de la gobernabilidad.
Gonzalo Ortega
El patrimonio de regiones no sólo es de características históricas, sino que está relacionado con sus “usos sociales”, dice Ramírez citando al autor argentino Néstor García Canclini. “Este elemento es sustancial para identificar la forma de trabajo y la vinculación de las universidades regionales en esta materia: avanzar en el desarrollo de estrategias de carácter colaborativo y menos de valorización selectiva”.
Con esto, el historiador del arte se refiere a que “el rol de las universidades debe ser más social y tender a ser un actor más, pero desde sus propias competencias, en la gestión de los patrimonios en las regiones. No vincularse desde intereses instrumentales, por ejemplo, como la necesidad de desarrollar investigaciones para cumplir con índices de impacto académico. Que no sea esa la razón primera. Y cuando señalo una valorización selectiva, es dejar ese afán de valorizaciones desde problemas que no tienen ningún significado para las comunidades”.
En ese sentido, pone como ejemplo ciertos discursos preestablecidos en torno a monumentos nacionales, bienes culturales en general. En esta materia, señala, las áreas de ciencias medioambientales han dado un enorme paso como también las de ciencias sociales “al sumar a lo histórico (objetos) a las comunidades y sus territorios (sujetos)”.
Ortega toma un doble rol, como académico y como activista patrimonial, para señalar que el desarrollo de políticas de vinculación, tanto con comunidades como con el Estado, “ha enriquecido el trabajo respecto a las capacidades que las organizaciones comunitarias el día de hoy han podido asumir frente a políticas ineficientes en el marco de la protección y puesta en valor del patrimonio”.
En ese sentido, valora el interés demostrado en los ámbitos de capacitación y especialización en temas patrimoniales. Ello, dice, “ha permitido que las comunidades se relacionen, al mismo nivel de respeto, tanto con los municipios, instituciones del Estado y las propias universidades, siendo estas un eje articulador de las políticas patrimoniales donde las universidades regionales y el Estado deben poner énfasis a la hora del desarrollo de nuevas políticas, incluso en el marco del proceso constituyente”.
Sobre este último punto, López también tiene algo que decir: “un tema que deberá discutirse en la Nueva Constitución es el rol que le cabe al Estado en la preservación del patrimonio para asegurar el derecho de todos y todas a participar en la vida cultural; y el deber de los Estados a adoptar medidas para asegurar este derecho a través de la conservación, el desarrollo y la difusión de la cultura tal como se desprende del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1976 de la ONU”.
María Isabel López
No obstante, asegurar los patrimonios desde una perspectiva de derecho constitucional es solo uno de los desafíos que vislumbran los especialistas para el resguardo del patrimonio material e inmaterial que albergan todas las regiones del país.
Margarita Alvarado, académica del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC, e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIIR, señala que, considerando que el patrimonio es una construcción social fuertemente vinculada a aspectos sociales y políticos, los mayores desafíos que se enfrentan desde la universidad se vinculan a sus concepciones.
“Es imprescindible considerar los diversos patrimonios desde las diversidades culturales presentes en la sociedad en general, teniendo especialmente en cuenta otras maneras de ver y de hacer de pueblos y culturas”, señala.
Ramírez, por su parte, sostiene que también es necesario profundizar en acciones interdisciplinarias, para lo cual es preciso formar profesionales e investigadores en pre y postgrado desde ese enfoque. Además, agrega, es importante que las universidades incorporen como una dimensión relevante en sus planes de desarrollo estratégico, no como un tema más, el rol público en políticas públicas con los patrimonios de regiones.
“Esto no es un cambio inmediato, ya que requiere un giro en políticas nacionales en materia de formación e investigación en las universidades chilenas como también dejar ‘el lugar común’ del patrimonio como una situación casi anecdótica. Ha habido avances, pero hay que formalizarlos en orgánicas. Sumar más acciones de gestión de los patrimonios, más labores de conservación, promoción de los derechos patrimoniales, entre otros”, dice el académico UdeC.
Para Ortega también es fundamental el fortalecimiento de la educación patrimonial en contextos formales e informales, pero, además, aboga por el desarrollo de una legislación robustecida que propenda el resguardo y la puesta en valor del patrimonio: “una mayor disposición de recursos tanto humanos como financieros para el desarrollo de la investigación, vinculación y docencia desde las universidades; y sobre todo el desarrollo de la asociatividad universitaria, con el fin de aunar fuerzas de manera interinstitucional”.
“Sin duda que un desafío mayúsculo es el tema del financiamiento, cómo y dónde encontrar los recursos para preservar el patrimonio”, coincide López. Para ella, resulta particularmente compleja la preservación de inmuebles que están en manos de privados.
“Como es sabido, la actual ley impone restricciones, pero escasas ayudas o incentivos para la preservación de estos inmuebles, lo que sumado al escaso poder fiscalización del Estado, ha permitido que exista una situación crítica para muchos inmuebles patrimoniales”, señala.
Otro desafío que menciona es la manera en que tomamos las decisiones sobre qué se “patrimonializa”. Al respecto, asegura que es importante avanzar en la descentralización hacia las regiones, democratización y reconocimiento de la diversidad cultural incluyendo el reconocimiento de Chile como Estado plurinacional; y de la autonomía cultural y patrimonial de los pueblos originarios.
“Esto implica avanzar hacia una mayor participación desde los territorios mediante procesos de participación vinculantes, por ejemplo, en la elaboración o modificación de los instrumentos de planificación, para preservar zonas amenazadas frente a la presión inmobiliaria”, concluye.
Margarita Alvarado
Un aspecto clave del trabajo universitario en el ámbito patrimonial ha sido, y continúa siendo, el trabajo colaborativo y el contacto directo con las organizaciones sociales, y los actores públicos y privados.
Para Ortega, “las universidades, son instancias que permiten, por ejemplo, potenciar el reconocimiento de que las regiones son el reflejo de la diversidad de identidades locales que representan al verdadero Chile; desligándose de los discursos nacionales, casi decimonónicos, que en la capital muy bien los representa, y que, lamentablemente, la tradición centralista ha opacado e invisibilizado”.
A su juicio, las universidades tienen la oportunidad de relevar estos patrimonios y promover su reconocimiento y sostenibilidad en el tiempo. “Un ejemplo claro: en Universidad Católica de la Santísima Concepción, se ha trabajado en el establecimiento y gestión de un Museo de Arte Religioso, el único de estas características del país y fuera de Santiago, que nos permite reconocer procesos históricos respecto a la formación de nuestra identidad regional y del sur de Chile”, señala Ortega.
Algo similar menciona Alvarado, quien explica que, pese a tener su casa principal en Santiago, la PUC desarrolla también una importante vinculación en regiones a través de su sede Villarrica.
“En este sentido, el papel de nuestra universidad en cuanto al resguardo del patrimonio se ha expresado en el desarrollo de acciones y actividades que potencien, no solo su conservación sino, fundamentalmente, su difusión y puesta en valor hacia la sociedad en general”, señala.
Si bien la PUC alberga diversas colecciones de arte indígena y arte colonial, en ambas sedes, su trabajo con el patrimonio trasciende estas materialidades; “a través de diversas acciones y actividades, uno de los objetivos fundamentales es la difusión, conocimiento y puesta e valor de este patrimonio”, señala la también Curadora del Aula de Arte Pueblos Originarios.
De tal manera, agrega, la Universidad ha desarrollado políticas y acciones que permiten, junto con la conservación y documentación de su patrimonio, un mayor conocimiento y valoración de sus contenidos culturales e históricos. “A través de estos canales mantenemos lazos de cooperación y trabajo con el Ministerio de la Culturas en el ámbito de las expresiones de los pueblos y Primeras Naciones, así como de otras expresiones vinculadas a la música, las letras y las artesanías, dice.
La formación, principalmente en el área de postgrado, y la investigación en los campos de las humanidades y las ciencias sociales, son aspectos que se abordan en la Universidad de Concepción en esta materia. Al ser una casa de estudios centenaria, fundada en 1919, también hay aspectos relacionados con el patrimonio arquitectónico que son distintivos, sobre todo en el campus Concepción, sumado a colecciones en distintas áreas del conocimiento, y a un interesante trabajo en materia de archivos.
La Unidad de Patrimonio, liderada por Ramírez, juega un papel importante en la coordinación, salvaguarda y manejo de los activos patrimoniales de la UdeC, así como en las intervenciones que se realizan en los espacios protegidos por Monumentos Nacionales. A ello suma la creación de un Programa de Interculturalidad, UCO 1995, encabezado por la Dirección de Vinculación Social, que busca relevar la investigación y producción de conocimiento, en esta materia, de manera descentralizada e interdisciplinaria.
En la Universidad del Biobío, en tanto, cuentan también con oferta de postgrado, y grupos de investigación en esta materia, temáticas que también se abordan desde el Centro de Estudios Ñuble, y desde la línea de Inclusión y Diversidad Cultural del Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios (CETI), señala López.
“A través de estas u otras instancias participamos en diversas acciones formales o informales que contribuyen al estudio, difusión o gestión del patrimonio; tales como en la elaboración de planes de salvaguarda para el Servicio Nacional del Patrimonio, guías patrimoniales o el apoyo a la iniciativa Lota Patrimonio de la Humanidad, entre otros; también es muy importante el trabajo asociativo con otras universidades, tanto chilenas como Latinoamericanas por ejemplo en la co-organización de seminarios, la participación en proyectos consorciados de investigación, y el desarrollo de experiencias docentes colaborativas con universidades internacionales”, dice la académica.