Mientras las cuadrillas municipales y los equipos de emergencia aún despliegan sus esfuerzos en las comunas de la Región del Biobío para contener anegamientos, socavones y destrozos provocados por el último sistema frontal, la discusión del Presupuesto 2027 en el nivel central revela una contradicción profunda. El proyecto de Ley de Presupuestos contempla un recorte nominal del 30,6% en el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Una tijera fiscal que reduce la partida de prevención de $842 millones a $584 millones, restando de golpe cerca de $258 millones para el combate y mitigación de catástrofes.

En una territorio golpeado de forma sistemática por incendios forestales, aluviones, temporales e inundaciones —desde la Provincia de Arauco hasta comunas como Santa Juana, Nacimiento, Lota, Concepción, Florida, Penco y Coronel—, desmantelar la capacidad de prevención es, como mínimo, una imprudencia estratégica. Restar recursos a la actualización de planes territoriales, la realización de simulacros y la modernización de sistemas de alerta temprana no genera un ahorro real; por el contrario, hipoteca la seguridad de las familias y multiplica los costos futuros en reconstrucción. Cada peso escatimado a la prevención previa se paga caro en la atención de la tragedia consumada.

Esta encrucijada detonó una inmediata ofensiva parlamentaria en el Biobío. Tras el rechazo de la partida en la subcomisión debido a un triple empate, la voz de los legisladores locales ha sido transversal y categórica. Desde el Congreso se ha calificado este ajuste como irresponsable e inadmisible, cuestionando un criterio de austeridad centralista que desprotege la primera respuesta técnica en las 33 comunas de la región. Si bien surgen matices sobre la necesidad de asegurar una correcta y eficiente ejecución de los fondos sin caer en gastos irreflexivos, existe un consenso indiscutible: recortar la gestión del riesgo pone en jaque la tranquilidad de los habitantes del sur.

La tramitación parlamentaria pasa ahora a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, donde el Ejecutivo buscará revertir el rechazo e insistir en su propuesta. No obstante, la postura territorial debe mantenerse firme. La prevención de desastres no puede ser vista como un ítem prescindible en las planillas de Hacienda cuando las emergencias climáticas son una realidad cada vez más severa e recurrente. El Gobierno debe escuchar la alerta que se enciende desde regiones y restituir de forma íntegra los fondos de emergencia. Proteger la vida y la integridad de las personas exige instituciones fortalecidas, financiamiento estable y un compromiso presupuestario que esté a la altura de los riesgos que habitamos.