El debate por la gestación subrogada reaparece en la agenda pública tras el ingreso de nuevos proyectos al Congreso Nacional. La tramitación contrapone dos visiones opuestas. por un lado, iniciativas en el Senado que buscan regular la modalidad altruista; y, por el otro, mociones en la Cámara de Diputadas y Diputados que proponen su prohibición explícita, sanciones penales y la nulidad de cualquier contrato. La diferencia de las propuestas evidencia la urgencia de discutir sin dogmas una práctica marcada por realidades complejas de infertilidad.

Desde las organizaciones de la sociedad civil sostienen que prohibir o criminalizar la técnica desconoce una dinámica social en curso. Javier Silva, presidente de la Asociación Nuevas Familias, enfatiza que “en esa discusión no se puede desconocer que esta es una realidad que ya existe y que hay familias chilenas que tenemos hijos gracias a esta técnica de reproducción asistida”. Silva añade que “la regulación de la gestación por subrogación, a través de la articulación garantista de iniciativas, constituye un paso decisivo e impostergable hacia una sociedad más justa, inclusiva y apegada a la dignidad humana”.

Por su parte, Fiorella Squadritto, fundadora de la Fundación Fënn, destaca la amplitud del problema. “La existencia de proyectos que avanzan en direcciones tan distintas da cuenta de lo complejo que es este tema y de que todavía estamos lejos de tener un consenso respecto de cómo abordarlo como sociedad”, advierte Squadritto, instando a que “el primer paso debiera ser precisamente permitir una discusión seria, plural y basada en evidencia”.

En el ámbito legal existen importantes aprensiones de técnica jurídica e intangibilidad del cuerpo. El Dr. Gonzalo Montory Barriga, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, apunta que “desde el punto de vista estrictamente jurídico, creo que un proyecto que restrinja o prohíba la gestación subrogada es más fácil de implementar dentro del ordenamiento vigente que uno que la admita y regule”. Además, agrega que “un acto o contrato que tenga por objeto el cuerpo humano o comprometa aspectos esenciales de la persona plantea serias dudas sobre su eficacia. Además, entra en tensión con garantías constitucionales fundamentales”.

Frente a posturas encontradas, el Poder Legislativo debe evitar simplificaciones de de una discusión de blanco o negro. El debate parlamentario requiere ponderar la protección de las gestantes, el resguardo de la autonomía de las personas y el interés superior del niño con la debida certeza jurídica.