El inicio de las acciones administrativas por parte del Serviu del Biobío para restituir terrenos fiscales ocupados en Concepción y San Pedro de la Paz marca un paso decisivo en el ordenamiento urbano.

Las tres tomas involucradas —La Puntilla, Padre Hurtado y Fray Juan Gallegos— exponen a cientos de familias a condiciones de riesgo por inundaciones y problemas sanitarios.

La recuperación del espacio público es una tarea ineludible para el Estado y para los municipios. Sin embargo, para que este proceso sea genuinamente exitoso y logre un cierre definitivo, la efectividad operativa debe ir estrictamente de la mano con la tranquilidad y la preservación de la dignidad de las personas involucradas.

El director (s) del Serviu Biobío, Carlos Riffo, sostuvo que “las ocupaciones irregulares representan un desafío importante para el desarrollo de nuestras ciudades, porque afectan la seguridad de las familias, impiden ejecutar proyectos habitacionales y de infraestructura, y generan riesgos en sectores que muchas veces no son aptos para habitar. Estamos trabajando coordinadamente con la Delegación Presidencial, los municipios y las instituciones competentes para recuperar estos terrenos”.

Un desalojo no puede entenderse únicamente como un despliegue de fuerza o un mero trámite administrativo de 20 días corridos. Hablamos de dinámicas complejas donde habitan niños, mujeres y familias vulnerables. Es relevante el acompañamiento integral planteado desde el ámbito municipal en materia de infancia, apoyo social y asistencia veterinaria, así como la necesaria incorporación del Ministerio de Desarrollo Social propuesta por la autoridad comunal.

Garantizar que no existan vulneraciones de derechos durante la desocupación no debilita la firmeza de la medida; al contrario, le otorga legitimidad social y evita escalar en conflictos que terminen por frustrar el objetivo final.

Debe concretarse una coordinación entre el Serviu, las municipalidades, la Delegación Presidencial y las familias. La desocupación de terrenos fiscales en el Gran Concepción debe sentar un precedente: se puede recuperar la ciudad, resguardar la seguridad y ejecutar proyectos de infraestructura indispensables de manera pacífica con el respeto que exige la condición humana.