El retiro de cables ha ido tomando cada vez más relevancia en vista del orden de la ciudad y su estética frente a la contaminación visual.

Esto se consolidó con la Ley Chao Cables, la que apunta a reducir riesgos, ordenar el espacio público y eliminar la llamada basura aérea, dando respuesta a una demanda ciudadana arrastrada por años.

Tras la entrada en vigencia del reglamento, los municipios pasaron de levantar catastros a implementar programas comunales con seguimiento. En ese contexto, ahora Talcahuano se sumó a otras comunas del Gran Concepción, pero con el foco puesto en instalar una coordinación permanente que permita priorizar sectores y exigir cumplimiento efectivo a las empresas, más allá de anuncios o acciones puntuales.

El director de Seguridad Pública, Patricio Fierro, explicó que el problema va más allá del impacto visual. “Las acciones que se intervienen son cables que generan trastornos a la ciudadanía, fundamentalmente cortes de suministro eléctrico y de internet”.

Según explicó, tras una reunión con las telco y CGE permitió acordar una lógica de trabajo sostenida, con iteraciones periódicas entre la casa edilicia y las compañías. “Es una de las tareas que establecimos hoy: que el trabajo de las empresas tenga diálogo con el municipio para ir señalando sectores prioritarios”, indicó Fierro, remarcando que la coordinación no se agota en un operativo puntual, sino que apunta a un proceso con evaluaciones y ajustes en el tiempo.

En esa línea, la Municipalidad adelantó que la mesa comunal tendrá evaluaciones cada 60 o 90 días para revisar avances y cumplimiento. “Las empresas hoy día tienen un mandato legal y vamos a ser muy enfáticos y categóricos en que ese compromiso se cumpla”, sostuvo Fierro, subrayando que el seguimiento buscará traducir acuerdos en resultados concretos y cobertura territorial verificable.

Este tipo de mecanismos debe ser continuo y replicado en las otras comunas de la zona. Pues es evidente que existe mucho material fuera de operaciones y que termina siendo un problema y riesgo para la población.

El uso e instalación acotado de estos elementos debe responder sólo a lo necesario para las operaciones de telecomunicaciones.