El reciente dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que instruyó a todas las municipalidades a adoptar medidas para evitar el abandono de mascotas durante los desalojos de tomas, pone sobre la mesa una arista que por mucho tiempo fue olvidada en medio de los conflictos habitacionales, que es el bienestar animal.

El dictamen de la CGR responde a denuncias que apuntaban a que las municipalidades de La Florida, Cerro Navia y Quinta Normal habrían incumplido los lineamientos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre prevención del abandono de mascotas durante estos procedimientos; constatándose que no existían protocolos ni registros sobre el destino de los animales durante los procedimientos de desalojo.

En esa línea, el órgano contralor fue claro en establecer que los municipios deben planificar acciones preventivas y coordinadas para resguardar a los animales de compañía que habiten en los lugares intervenidos.

Esto último no se trata de un tema menor. En contextos de desalojo, donde el foco suele estar en la recuperación del terreno o en la situación de las familias afectadas, las mascotas terminan siendo víctimas invisibles. Su abandono, además de cruel, constituye una infracción a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley N.º 21.020), que tipifica el abandono como una forma de maltrato animal.

Contraloría también recuerda que los municipios cuentan con herramientas concretas para actuar, como el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) de Subdere, que entrega lineamientos para el manejo y protección de animales en situaciones de emergencia. Y es que lo que falta, muchas veces, es voluntad para aplicarlos.

Una correcta gestión pública no puede separar los problemas sociales de la protección animal. Los desalojos son procedimientos complejos e ignorar a los animales que también forman parte de aquellas familias es una grave omisión.

La decisión de Contraloría no sólo busca corregir un vacío normativo y el abandono de mascotas por parte de sus familias, sino que también es un llamado para recordar que la convivencia y la responsabilidad también es una labor administrativa.