¿Hasta qué punto se puede seguir confiando las vidas de personas en manos de otros/as a quienes tienen sometidos a condiciones deficientes, con nivel de estrés incluido?
Si el objetivo del Perímetro de Exclusión, como se llama a la nueva licitación del Transporte Público, es mejorar el servicio que se ofrece en el Gran Concepción y aún, con el proceso ya iniciado, hay conductores que todavía no cuentan su vínculo contractual en regla, claramente tenemos un problema que es grave. Durante años el transporte de pasajeros ha estado en el foco de las críticas por sus deficiencias. Entre ellas aparecen la excesiva velocidad, y a veces la lentitud, con que algunos choferes circulan para conseguir pasajeros y, en otros casos, sobrevender los buses exagerando en la cantidad de usuarios y usuarias que suben a sus máquinas para aumentar el corte de boletos, porque así incrementan sus ganancias.
Eso debe cambiar y así lo manifestaron agrupaciones de conductores de Chiguayante, quienes llamaron a un paro el lunes pasado, debido a la precariedad que existe en el rubro.
Prueba de ello, es que en los últimos días en la zona hubo conductores de 2 líneas que paralizaron sus funciones durante una jornada precisamente por la precariedad, que sostienen, existe en el rubro.
Desde la Seremi de Trabajo del Biobío aseguraron a Diario Concepción que fiscalizarían los problemas laborales que viven algunos conductores de la zona.
“Es impresentable, si estamos en este siglo donde se supone que hay que mejorar -primero que nada- las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Se suma que los sindicatos tienen derechos a justamente apelar cuando sientan que sus derechos fundamentales están siendo transgredidos, pero no podemos tener un empleador que no escuche y que haga tratos como los que se hacen para evadir, en el fondo evade y se actúa en forma ilegal e irregular y además informalidad crea informalidad”, dijo a Diario Concepción, Sandra Quintana, seremi del Trabajo del Biobío.
Pero, lo más grave que señaló la autoridad regional es que en todas las fiscalizaciones realizadas en 2023, el 100% no cumplían con los contratos de trabajo. Es decir, predomina la informalidad. A todas luces, una situación grave.
Esto nos lleva a pensar en la responsabilidad que se les asigna a los conductores que, cada día, transportan a miles de personas a sus salas de clases, trabajos o a sus casas. Entonces, ¿Hasta qué punto se puede seguir confiando las vidas de personas en manos de otros/as a quienes tienen sometidos a condiciones deficientes, con nivel de estrés incluido? Si se habla de una mejora al servicio, sin duda, es un aspecto clave a considerar.