Es esperado con altas expectativas por parte de la ciudadanía, la misma que de paso, por cosas tan cotidianas como el desplazamiento, alaba a su región en comparación a lo que sucede en la zona Metropolitana.
L a locomoción pública del Gran Concepción viene siendo un tema de interés desde hace mucho tiempo. Esto por la falta de servicio luego de las 18.00 horas y sus repercusiones en el comercio, como también los problemas en lo que se ven envueltos los conductores en medio de la alta congestión que sigue creciendo en la zona, entre otros puntos.
Ahora la actividad presenta nuevas informaciones. La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón de lo que será la nueva forma de regular el transporte público en la zona, lo que tendrá como primer efecto el fin del denominado sistema licitado, que rigió desde 2005 y que fue ampliado sucesivamente hasta este año.
La noticia fue valorada por parte de los gremios de los taxibuses de la zona, que coincidieron en que era necesario actualizar el marco regulatorio del sector.
“Era una estructura que estaba debilitada, que estaba sin estabilidad y por tanto, las reglas del juego están definidas, hay un tiempo acotado para eso y obviamente así uno puede reinvertir, reiniciar un proceso distinto”, sostuvo Luis Quiroz, presidente de la Alianza Regional del Transporte de Pasajeros del Biobío.
En tanto, Arturo Giusti, presidente de la de la Federación Gremial Interregional del Transporte de Pasajeros, planteó que era una noticia esperada, pero que es necesario revisar el contenido de lo visado por la Contraloría.
“Todavía tenemos que ver en qué condiciones salió aprobado para poder firmar los contratos y seguramente vamos a tener un momento en que habrá que analizar los puntos en los que normalmente tenemos aprehensiones que son los temas de los planes operacionales, el plazo y otras exigencias”, señaló.
Con este nuevo marco regulatorio, los operadores estarán obligados a cumplir una serie de compromisos en el ámbito laboral y de la prestación de los servicios. Del mismo modo, el aporte del Estado a los operadores se hará en base kilómetros recorridos. A modo de ejemplo de lo antes señalado, los conductores deberán estar siempre uniformados, deberán portar credencial con su nombre y apellido, además de estar visible. El cumplimiento del horario de trabajo se verificará de manera más estricta y deberán contar con seguro de vida.
Con todo esto, al parecer, están las condiciones mínimas y necesarias para que exista una mejora del servicio. Uno que es esperado con altas expectativas por parte de la ciudadanía, la misma que de paso, por cosas tan cotidianas como el desplazamiento, alaba a su región en comparación a lo que sucede en la zona Metropolitana. Es que el transporte público está ligado sí o sí a la calidad de vida de las personas.