Paradójicamente todo esto transita en un buen momento donde ya no se conocen disputas públicas a nivel político, o incluso particular, sobre la vigencia o no de estas determinaciones.
La violencia rural es uno de los temas más importantes de las últimas décadas en la Región del Biobío, pero sobre todo en la Provincia de Arauco.
Junto a lo que significa el ambiente marcado por la tensión y el peligro en la zona, este fenómeno también puede significar una herramienta de réditos políticos o bien un dolor de cabeza para las autoridades de turno.
Pero más allá de resolver quién en este minuto tiene más o menos posibilidades de aprovechamiento político o particular de la situación, lo urgente es poner atención a las soluciones, unas que poco a poco comienzan a mostrar sus primeros resultados de largo plazo.
De acuerdo al Gobierno la violencia rural en la provincia disminuyó un 25% en 2022, respecto del año anterior.
Esta reducción es mayor a la que presenta la Región de La Araucanía que, según información oficializada por la Fiscalía a través de La Tercera, terminó sólo con un 7% menos de violencia rural en la zona, en el mismo periodo. Porcentaje menor, respecto de lo que afirman en Arauco.
“De acuerdo a los datos que tenemos, corroborados por las policías y Fiscalía, en un 25% se ha reducido la violencia rural en la provincia de Arauco, en relación al 2021”, dijo el delegado presidencial de la zona, Humberto Toro.
En ese porcentaje, detalla la misma autoridad provincial, se incluyen ataques incendiarios o armados y homicidios.
“Es un porcentaje relevante porque en el marco de toda la Macrozona Sur, según la información que disponemos, hay una reducción del 7%”, añadió Toro.
Además, el delegado explicó que, desde el punto de vista de las denuncias por usurpación de terrenos, también han disminuido. Confirma que en 2022, la reducción llegó a cerca del 90% de menos casos.
Vale decir que las medidas de Estado de Excepción están teniendo resultados, donde eso sí, paradójicamente todo esto transita en un buen momento donde ya no se conocen disputas públicas a nivel político, o incluso particular, sobre la vigencia o no de estas determinaciones.
Una herramienta que, a este paso, es mejor que continúe bajo la discreción.