Una cuestión que con menos o más recursos estatales, como sea, significa un nuevo orden dentro de la estructura del persecutor que requiere inyección fiscal.
Una vez más desde el Ministerio Público se instala sobre la mesa un tema de larga data: los recursos para poder llevar a cabo una buena labor de persecución penal.
Un tema que se ha hecho cada vez más recurrente desde que comenzaron a conocerse una serie de casos ligados a la corrupción política, hace una década atrás, y que dejaban de manifiesto la necesidad de mejores condiciones laborales para poder abarcar investigaciones complejas y de alto impacto público.
Desde entonces, si bien han sonado, de forma reiterada un montón de voces, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo , que los cambios se concretarán, esto en la práctica no se ha concretado relegando esa responsabilidad estatal solo en el comentario del momento, para cumplir con la frase políticamente correcta.
Ahora, en el ámbito local, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, fue clara en reiterar el mensaje del Ministerio Público: ajuste en la dotación. Una cuestión que con menos o más recursos estatales, como sea, significa un nuevo orden dentro de la estructura del persecutor que requiere inyección fiscal.
“Lo primero es instalar esta idea que es una adecuación, no es un aumento. Es poner al día a la fiscalía, hace 8 años que no se toca su planta de fiscales, atendiendo a que fiscal significa inmediatamente otras personas alrededor de él”, planteó la fiscal Cartagena.
Y para ejemplificar a qué se refería recordó que en la Región existe media docena de oficinas del Ministerio Público donde la dotación es mínima. “Hay que superar ciertas brechas que tenemos: las fiscalías unipersonales y bipersonales, nosotros tenemos varias en esta Región, son de verdad un modelo superado, funcionan por el encomiable esfuerzo de quienes trabajan ahí”, explicó.
Ahora, todo lo anterior puede quedar incluso en el terreno de la discusión, cómo ha sido en los últimos 10 años. Lo que sí es urgente poner atención es la otra parte que expuso la fiscal regional donde asegura que la instalación de una Fiscalía de Flagrancia no se pudo concretar ya que Carabineros se habría negado a conectar su sistema informático al de la Fiscalía.
“No alcanzamos a comprender, cuando tocó que se conectarán con nosotros a nivel de las plataformas, ellos argumentaron (Carabineros) algunos temas de seguridad, lo que llama la atención porque esos temas de seguridad no los tuvieron para conectarse en las ocho regiones donde sí funcionan conectando sus plataformas con las nuestras”, aseguró la fiscal.
Así hay dos cosas que deben ser reflexionadas por la autoridad política y con ello generar el orden necesario: una inversión fiscal acorde y recordar el poder de los aparatos público-civiles sobre las fuerzas de seguridad.