Es fundamental que en la alianza público-privada existan los mecanismos de transparencia correspondientes y un diálogo para que los contratos, financiados con fondos públicos, se puedan cumplir.
Asumiendo el rol como uno de las carteras encargadas de empujar la reactivación económica del país, $300 mil millones es el presupuesto que dispondrá el Ministerio de Obras Públicas en la Región del Biobío para el 2023, aumentando en un 20% el monto de 2021.
La histórica cifra, ya que es el presupuesto más alto que ha registrado el MOP en el Biobío, estará dirigido a obras de vialidad; soluciones hidráulicas para enfrentar la escasez de agua y proyectos portuarios en el borde costero de la Región.
“Nosotros ya este año habíamos registrado la inversión histórica más grande en la Región durante este año, desde el punto de vista de la cartera, con una cifra algo inferior a los $250 mil millones y con el presupuesto para el 2023 estamos hablando de $300 mil millones. Haciendo comparaciones, es un aumento cercano al 20%”, explicó Hugo Cautivo, seremi de Obras Públicas en el Biobío. Y es que el anuncio reafirma la decisión del Gobierno de ver en el este ministerio una posibilidad concreta de inversión y generación de empleos. Cabe recordar que, según cifras entregadas por el Observatorio Laboral Biobío Sence durante el 2022, el Biobío es la tercera región con más ocupados en el sector construcción.
Otro punto importante de este presupuesto 2023 es la comparativa con el de otras regiones. Por ejemplo, el monto para la Región para el próximo año se está comparando con el de la Región Metropolitana, ya que la mencionada zona tiene designado un presupuesto del orden de los $312 mil millones.
Según detallan desde el Ministerio, un eje de la ejecución de los fondos de Obras Públicas son las intervenciones en materia de planes maestros de aguas lluvias, en Tomé; Lota; y Talcahuano. Este plan que han definido para ejecutar el presupuesto va de la mano con la búsqueda de soluciones para enfrentar la crisis hídrica de la Región y el país.
Algo que es imprescindible para el 2023 es establecer las garantías con las empresas contratistas, para que no se repitan situaciones como las de Claro Vicuña Valenzuela. Desde ese punto de vista, es fundamental que en la alianza público-privada existan los mecanismos de transparencia correspondientes y un diálogo transparente para que los contratos, que son financiados con fondos públicos, se puedan cumplir.