Más allá de las normativas existentes, para que este proceso se desarrolle de la mejor forma posible se necesita del compromiso de toda la ciudadanía.
El 14 de agosto de 1990 se ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, enfoque en Ley de Responsabilidad Penal Adolescente vigente desde 2007. Según el Poder Judicial, a 2021 se habían condenado más de 49 mil adolescentes por distintos delitos en cinco años e informes de 2022 dicen que más de 3 mil han sido detenidos, reflejando un drástico aumento en la incidencia de la participación de jóvenes en la comisión de delitos en los últimos años.
En muchos casos, más allá de la pena que se cumpla, lo complicado es volver a reinsertarse a la sociedad.Es cierto que el estigma de tener un prontuario es real y condiciona de manera importante, pero así como lamentablemente en hartas situaciones es difícil cambiar ciertos hábitos, lo cierto es que también un número importante de personas lucha por volver a sentirse parte de su comunidad y tener oportunidades reales, por ejemplo, en el ámbito laboral.
En el documento “Política de ReinserciónSocial en Chile”, del Ministerio de Justicia yDerechos Humanos, se señala que para lograr que una persona que ha infringido la ley se reinserte en la sociedad se requiere una política de Estado intersectorial, altamente especializada capaz de hacer dialogar los intereses y objetivos del sistema de justicia criminal, los de la sociedad civil y los de seguridad pública. Para ello, se necesitan prestaciones en las siguientes áreas: intervención especializada individual, educación, trabajo, salud física y mental, familiar, vivienda y otras.
En ese sentido, el apoyo postpenitenciario es fundamental en el proceso de integración en la comunidad de las personas que han cometido delito. En este proceso son importantes los esfuerzos del gobierno central y los privados, pero además es sustantivo el apoyo de los gobiernos locales, ya que es en el municipio donde el Estado ofrece la mayor gama de prestaciones y servicios sociales, y es por tanto, un espacio fundamental para que quienes hayan cometido delito se integren a la sociedad vía el acceso a estas prestaciones.
Más allá de las normativas existentes, para que este proceso se desarrolle de la mejor forma posible se necesita del compromiso de todos. Del estado y sus autoridades, de la ciudadanía para dejar de lado ciertos prejuicios y también de quienes buscan reinsertarse, para que lo hagan de la manera más ejemplar posible.