Actualmente, son cerca de 220 mil los niños y niñas que trabajan en el país, y de ese universo un 90% realiza labores que son consideradas como peligrosas.
Ayer se conmemoró el Día Contra el Trabajo Infantil, fecha establecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar y denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar, negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y bienestar integral.
“Protección social universal para poner fin al trabajo infantil” ha sido el lema elegido por la OIT en 2022 para conmemorar el Día Contra el Trabajo Infantil. Para ello, es fundamental que las familias tengan un piso de protección social, para que sus hijos e hijas no tengan que salir a trabajar a edades que no les corresponde.
En Chile, según cifras del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, actualmente hay en el país 3.328.005 niños entre 5 y 17 años, de los cuales el 48.3% son hombres y el 51,7% mujeres. Del total de niños entre ese rango etario, 219.624 se encuentra en trabajo infantil y el 90% realiza labores consideradas peligrosas.
La distribución del trabajo infantil según rama de actividad a nivel nacional es liderada por el comercio por mayor/menor, restoranes y hoteles seguida por la agricultura, caza y pesca con 24 puntos porcentuales de diferencia (45.2% y21.6% respectivamente). Al analizar los datos en base a la división urbano-rural estos casi no varían en lo referente a la zona urbana, sin embargo en la zona rural es el trabajo agrícola el que aumenta al 69.3% dejando al comercio en segundo lugar solo con un 14.5%. Además, en aquellos hogares en los que existe trabajo infantil, los jefes de hogar presentan una menor cantidad de años de escolaridad, la que alcanza en promedio un 29%.
En 2015, se presentó “Crecer felices”, estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, que abarca diez años en primera instancia (2015-2025). Este plan no sólo fue diseñado de manera descentralizada, sino que también se trabajó en conjunto tanto con el sector público como el privado.
Más allá de las políticas, lo cierto es que es necesario poner atención de forma urgente en el tema. Se requiere una mayor inversión en sistemas de protección social universal, un enfoque integrado y de derechos humanos para todos los niños y niñas del país.