El país necesita avanzar hacia una regulación basada en información científica, de modo a formular y ejecutar políticas públicas integrales y sostenibles, con la articulación y diálogo de los distintos estamentos y comunidades territoriales.
Otra vez la Región del Biobío pasa por una compleja situación en materia de recursos hídricos. Una prolongada sequía es evidenciada por la reducción de los caudales de los ríos superficiales, una realidad visible y detectada además por un déficit de precipitaciones sobre el 50%. Los especialistas han indicado, además, que la prolongada sequía también puede ser observada por la profundización de las napas de agua subterráneas: los habitantes de zonas rurales se ven obligados a profundizar sus pozos de extracción para tener acceso al agua.
Este medio ha abordado esta importante y compleja materia en distintos frentes, a través de reportajes, crónicas y columnas de opinión. Constatamos que un 76% de la superficie chilena está afectada por sequía, desertificación y suelo degradado, los glaciares estudiados están en retroceso por el cambio climático, mientras que 110 acuíferos del país se encuentran con una demanda superior a sus capacidades. Una mirada al impacto en las familias de Biobío nos entregó además la perspectiva de centenas de hogares en sectores rurales que reciben 50 litros de agua diarios para consumo entre seres humanos, ganado y animales domésticos.
La situación no es menos difícil en las zonas urbanas en que el suministro de agua se realiza a través de camiones aljibes. Con el aumento de la temperatura y una menor caída de agua lluvia en Biobío, lo más seguro es que esta realidad sea más dura en los próximos años.
Hace poco más de un año las imágenes del Lago Laja con un déficit histórico respecto a su volumen de agua reflotaron el debate sobre los cambios climáticos y la legislación sobre las fuentes de agua potable y para el riego. Los investigadores han reiterado que el actual modelo de gestión del agua no es sostenible, que es necesario regular mejor este recurso, incluyendo todo lo relacionado con aguas subterráneas. La naturaleza ha demostrado una y otra vez que el agua no es un recurso infinito y no debe ser tratada como un bien meramente económico. El país necesita avanzar hacia una regulación basada en información científica, de modo a formular y ejecutar políticas públicas integrales y sostenibles, con la articulación y dialogo de los distintos estamentos y comunidades territoriales.