Poco a poco se ha avanzado y si bien la actual normativa no es perfecta, sí incorpora avances para terminar con prácticas que en mercados más desarrollados son consideradas abusivas.
El jueves entró en vigencia la reforma a la Ley del Consumidor, que amplía de tres a seis meses el plazo de garantía legal de los productos y determina que el consumidor podrá exigir el cambio, devolución del dinero pagado o reparación del artículo comprado si está en malas condiciones o no sirve para los fines que fue adquirido.
La reforma se enmarca en una serie de modificaciones en beneficio de los consumidores. Establece que las empresas no podrán ofrecer a los consumidores la contratación de servicios, productos o pólizas cuya cobertura corresponda a las obligaciones propias de la garantía legal. Además, desde el próximo 24 de agosto las empresas deberán informar la vida útil de los productos durables. Si el consumidor compra un electrodoméstico deberá ser informado que con el uso normal el aparato le durará un tiempo determinado. Adicionalmente, la normativa establece la posibilidad de arrepentirse de la compra en 10 días desde recibido el producto. El derecho a retracto pasa a ser válido en compras electrónicas, telefónicas o por catálogos.
Es un importante avance en beneficio directo a los consumidores y en eliminar, al menos en parte, la asimetría existente entre quienes compran productos o servicios y quienes los venden. Era más que necesario actualizar y mejorar la regulación legal, puesto que el vínculo entre consumidores y proveedores evoluciona de la misma manera que las prácticas de ventas y las tecnologías involucradas.
De hecho, no hace mucho tiempo que la normativa debió ser actualizada para terminar con malas prácticas en los contratos entre empresas y consumidores. Había trabas que impedían a una persona renunciar a contratos con proveedores de servicios de telecomunicaciones, como telefonía, internet y televisión por cable. Era común que las empresas, en específico las de telecomunicaciones, entregaran facilidades para contratar sus productos, pero si el cliente deseaba terminar con el contrato, se deparaba con una serie de limitaciones, largas esperas, desvíos a ejecutivos, horarios reducidos de atención y otras trabas. Poco a poco se ha avanzado y si bien la actual normativa no es perfecta, sí incorpora avances para terminar con prácticas que en mercados más desarrollados son consideradas abusivas.