La ley determina que todas las candidatas y candidatos — como también las precandidaturas — en elecciones populares deberán realizar una declaración de patrimonio e intereses al momento de inscribirse. Nada más natural que sean también declarados los recursos financieros que sean aportados a las campañas.
A un mes de las elecciones que definirán a las futuras autoridades políticas que asumirán en marzo de 2022, Diario Concepción hizo el ejercicio de investigar el financiamiento de las campañas en la Región del Biobío. En un pasado reciente las donaciones a campañas ocupaban el foco de las polémicas. Ello debido a un sistema legal de aportes privados opaco y que terminaron en escándalos de financiamiento irregular. Fue entonces cuando se aprobaron modificaciones legales con el objetivo de entregar mayor transparencia al sistema.
Hoy día los aportes a candidatas y candidatos se deben realizar obligatoriamente a través del sitio web del Servicio Electoral (Servel) y pueden ser entregados por personas naturales, los que pueden ser registrados de forma pública o privada. A ello se suman los aportes de los propios postulantes o de los partidos políticos. Además de los créditos bancarios que pueden ser solicitados por quiénes colocarán sus nombres en las papeletas.
De acuerdo con los registros del Servel, en Biobío los empresarios lideran el listado de aportes personales a campañas políticas. Esa realidad se repite en el escenario nacional, en que grandes grupos económicos figuran en millonarias donaciones a partidos y candidaturas. Antes de la actual normativa no se conocía la identidad de quien hacía aportes a una candidatura. En la actualidad la ley obliga a la transparencia, permitiendo a la sociedad civil ejercer un rol fiscalizador sobre los intereses entre política y negocios, por ejemplo. Es posible monitorear si un determinado grupo económico destina recursos para una candidatura que en el futuro podría impulsar una legislación que se relaciona con los intereses del donante. Si bien el sistema no es perfecto y tiene fisuras, debería representar un avance importante en beneficio de la democracia. Ello, claro está, siempre y cuando haya respeto a la ley.
La ley determina que todas las candidatas y candidatos — como también las precandidaturas — en elecciones populares deberán realizar una declaración de patrimonio e intereses al momento de inscribirse. Nada más natural que sean también declarados los recursos financieros que sean aportados a las campañas. Cabe a la sociedad civil estar atenta a una materia de vital importancia para el país.