Era una materia pendiente en la legislación chilena, puesto que solo el 16% de los deudores cumplen con sus obligaciones a tiempo. La ley establece incentivos al pago, más que imponer reglas punitivas.
Está listo para convertirse en ley el proyecto que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Aprobado en forma unánime por la Cámara, la normativa crea este registro como un instrumento electrónico y de acceso remoto, gratuito e inmediato. Según lo anunciado durante la tramitación del proyecto, el registro estará habilitado para cualquier persona con interés legítimo en la consulta y lo supervisará el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Con la promulgación de esa ley se busca reforzar la corresponsabilidad parental, facilitar y mejorar el sistema de pago de pensiones alimenticias y, sobre todo, proteger los intereses de niñas, niños y adolescentes de todo el país.
Esa protección era una materia pendiente en la legislación chilena, puesto que solo el 16% de los deudores cumplen con sus obligaciones a tiempo. Con la normativa aprobada el registro dará cuenta de la inscripción de las personas que reúnan algunas condiciones. Una de ellas es que adeuden, total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas de alimentos provisorios o definitivos, o cinco discontinuas. También podrán ingresar al registro las personas que estén obligadas al pago de una pensión de alimentos, provisorios o definitivos, fijados o aprobados por resolución judicial que causa ejecutoria. Corresponderá al Servicio de Registro Civil e Identificación realizar las inscripciones y actualizaciones respectivas, así como certificar si una persona se encuentra en él o no.
Se establece así una institucionalidad que busca terminar con la impunidad cuando una persona no paga la pensión de alimentos. Por la magnitud del incumplimiento en Chile se ha transformado en un verdadero problema social que afecta a miles de niñas, niños, adolescentes y sus familias. Y, para cautelar derechos derivados de pensiones alimenticias, la ley establecerá resguardos adicionales a los deudores, como la retención de fondos en caso de pedir créditos bancarios, tras la venta de inmuebles o vehículos y en la devolución del impuesto a la renta. Además, la normativa permitirá determinar la retención salarial y otras medidas como la obligación de consultar el registro para postular a beneficios estatales, renovación del pasaporte o cédula para conducir, entre otros trámites.
En simples, la ley consolida incentivos al pago, más que imponer reglas punitivas, y tendrá el potencial de terminar con situaciones de irregularidades e injusticias para miles de familias chilenas.