Hace más de una década que el comercio ambulante figura en la pauta de reuniones de autoridades de gobierno, Carabineros, servicios sociales, comerciantes, sindicatos y otros actores. Es una situación de difícil solución.
El comercio ambulante en las comunas de Biobío vuelve a la agenda pública con cierta regularidad. Fue noticia en los últimos días, a raíz de nuevos problemas en la zona céntrica de la capital penquista que, según declaración de las autoridades municipales a este medio, “se encuentra desbordada” por el exceso de ambulantes.
Vender productos en la calle — actividad que si no cuenta con las autorizaciones actúa en la ilegalidad — afecta al comercio establecido, a la recaudación de impuestos y a la seguridad ciudadana. Y se ha convertido, además, en un fenómeno social, puesto que un gran número de personas dependen del comercio ambulante para mantener sus familias.
Es una situación de difícil solución. El delegado presidencial, Patricio Kuhn, indicó que se han realizado a la fecha 16 mesas de coordinación y “se han llevado a cabo 28 operativos de fiscalizaciones intersectoriales, 4.585 kilos de productos decomisados”, además de “dos infracciones del Servicio de Impuestos Internos, 11 municipales, cuatro sumarios sanitarios, nueve cursadas por Carabineros, 28 extranjeros denunciados y una persona detenida”.
Hace más de una década que el comercio ambulante figura en la pauta de reuniones de autoridades de gobierno, Carabineros, servicios sociales, comerciantes, sindicatos y otros actores. Se buscaron espacios alternativos para ubicar a los ambulantes, como el proyecto arquitectónico que buscaba regularizar a ambulantes de Janequeo, en Concepción. Con los años hubo quiebres en las conversaciones e incluso episodios de violencia. En 2018, por ejemplo, ante la fiscalización en el Centro de Concepción, vendedores ambulantes levantaron barricadas y se enfrentaron con Fuerzas Especiales de Carabineros. Al inicio de 2020 el comercio establecido de Talcahuano anunció que no pagaría las patentes de sus locales como medida de presión ante lo que calificaron como nula regulación de los ambulantes ilegales por parte del municipio. Incluso la Corte de Apelaciones de Concepción se pronunció al respecto al ordenar una fiscalización más acuciosa.
Los años han demostrado que es un fenómeno que atañe a las ciudades, con distintas aristas y complejidades, solo posible de abordar si las autoridades y los demás actores trabajan de manera mancomunada. .