Esta semana el Senado aprobó el proyecto que busca proteger y reparar a las víctimas de acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito académico. La iniciativa viene a regular de manera específica las relaciones de género en los ambientes de la educación superior y quedó en condiciones de ser remitida al Ejecutivo para su promulgación como ley.

El texto legal establece que su objetivo es “promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual”.

Al convertirse en ley, las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral que incluya un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción, construido con la participación de distintos estamentos. Además, tendrán que contar con unidades responsables de la implementación de sus políticas y protocolos. Y para que no quede en letra muerta, las casas de estudios tendrán el plazo de un año para el cumplimiento de esa normativa desde la publicación de la ley, y será requisito para acceder u obtener la acreditación institucional que visa asegurar la calidad de la educación superior.

La ley establecerá un estándar mínimo para la materia, puesto que existe una realidad muy diversa en las universidades. La Universidad de Concepción, por ejemplo, ya tiene implementado el “Protocolo de Actuación en casos de acoso sexual, violencia de género y discriminación”, documento que consolida un modelo de atención a víctimas, de sanción y reparación. Ese Protocolo es el resultado de un proceso de elaboración que contó con el aporte de distintas reparticiones universitarias, y resguarda el respeto a la normativa constitucional, legal y universitaria.

Se espera la pronta promulgación del proyecto aprobado por el Senado, de modo a promover la dignidad, la igualdad de derechos, libertad e integridad física, sexual, psíquica, y emocional en todos los ámbitos de las instituciones académicas del país.