Es imprescindible que el Estado refuerce las políticas de salud mental para mitigar los efectos que pudieran estar relacionados con la crisis sanitaria, social y económica de los últimos meses.
Una de cada cinco personas mayores de 18 años en Chile padeció una enfermedad mental el último año, informó la última Encuesta Nacional de Salud (2016-2017). Más reciente, el informe Zoom al Trabajo mostró que la percepción de estrés laboral en los trabajadores y trabajadoras del país fue 42% en 2019.
Estos sondeos dan cuenta de la compleja realidad de la salud mental en los adultos chilenos en períodos anteriores a la pandemia de Covid-19. A más de un año desde que se supo de la llegada del coronavirus en Chile, los estudios más recientes no arrojan resultados mejores. La Asociación Chilena de Seguridad y el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica publicaron la tercera edición del “Termómetro de la Salud Mental en Chile, cuyo informe revela que uno de cada tres de los encuestados afirmó tener síntomas asociados a problemas de salud mental. Asimismo, un 45,9% de las personas entre 21 y 68 años encuestados dijeron que su estado de ánimo actual es peor o mucho peor en comparación con la situación anterior a la pandemia. El estudio concluyó que un 19,8% de la población entre 21 y 68 años presenta problemas de insomnio moderado o severo.
Para complicar el panorama se ha demostrado que los cuadros o episodios de ansiedad y estrés pueden afectar en forma muy negativa a través de síntomas o somatizaciones. Por ejemplo, vinculadas al corazón y al sistema cardiorrespiratorio. Es decir, mente y cuerpo conviven en un mismo organismo y están conectados de manera indisoluble. Por lo mismo, junto con el aumento de las consultas psicológicas y psiquiátricas se ha visto una alza de visitas a médicos, de distintas especialidades, por personas aquejadas por dolencias que tienen su origen en un problema de salud mental que se manifiesta en la salud física.
Por todo lo anterior es imprescindible que el Estado refuerce las políticas de salud mental para mitigar los efectos que pudieran estar relacionados con la crisis sanitaria, social y económica de los últimos meses. Según las cifras oficiales, sólo un 20% de las personas con problemas de salud mental recibe algún tipo de atención. El 80% restante está por su propia suerte. Se exige un cambio estructural por el bien de toda la sociedad.