Los mismos argumentos se contraponen y la solución posible es que los actores regionales establezcan puentes de diálogo. No sería prudente eludir una discusión al respecto.
Gran debate ha generado en la Región la propuesta de Plan Regulador Metropolitano de Concepción (Prmc), que será puesto en votación para ser aprobado o rechazado por el Consejo Regional (Core). Autoridades electas, parlamentarios, alcaldes y concejales de Biobío se han manifestado abiertamente en contra de la iniciativa que fue elaborada bajo la supervisión del Minvu. En los últimos días autoridades de diversas comunas enviaron una carta al Core, en que se solicita información sobre el Prmc y mayor participación en el proceso de aprobación y/o rechazo del instrumento.
Las críticas al Prmc apuntan a una insuficiente participación ciudadana e inconsistencias en temas técnicos que involucran a diferentes comunas de la Región. También se afirma que el documento del Prmc no considera un gran número de observaciones realizadas por los territorios. Otro punto que se destaca es que el trabajo para la elaboración del plan comenzó en 2013, de modo que no consideraría importantes actualizaciones y que, además, consolida ciertos territorios de Biobío como “zonas de sacrificio”. Incluso en materia de descentralización hay críticas al Prmc y por lo mismo se ha argumentado que su elaboración deberá estar a cargo de los gobiernos regionales y no del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Los diversos actores involucrados en el desarrollo del Prmc han salido en defensa de lo obrado. Según el seremi de Vivienda, se tomó en cuenta “más del 82% de las propuestas de los mismos municipios. Se trabajó en más de 50 mesas con cerca de 600 profesionales de la Región, pertenecientes a distintos servicios públicos durante tres gobiernos” y que se “recogieron el 62% de las presentaciones de la ciudadanía en una consulta pública que se desarrolló entre noviembre y diciembre de 2018”.
En materia ambiental y a las “zonas de sacrificio” autoridades del Core reiteraron que se aumentarán las áreas verdes intercomunales, para así protegerlas y evitar intentos de explotación inmobiliaria.
Es decir, los mismos argumentos se contraponen y la solución posible es que los actores regionales establezcan puentes de diálogo. Dada la importancia de la materia para el futuro de los territorios, no sería prudente eludir una discusión al respecto.