Tratándose de PeSD, hay menor contratación de mujeres, los servicios públicos están más al debe que las empresas privadas y tanto empresas públicas como privadas están rezagadas en adaptaciones para la contratación.
A enero de este año, la Región del Biobío concentraba el 9,1% del total de trabajadoras y trabajadores con discapacidad en Chile. Más de la mitad de estos contratados en Biobío ganó menos de 430 mil pesos mensuales.
A tres años de la implementación de la Ley 21.015, la cual establece la exigencia de contratación de personas en situación de discapacidad (PeSD) en el sector público y privado, los datos indican que falta mucho por avanzar. Según la Dirección del Trabajo, a marzo de este año se registraron 32.334 contratos en la región. De ese total, 14.291 contratos existían antes de que la normativa entrara en vigencia. Es decir, poco más de 18 mil contrataciones fueron realizadas con la implementación de la ley que obliga a las empresas a contratar personas con alguna discapacidad.
Al detalle, las cifras revelan un panorama que las empresas y organizaciones deberían anotar: tratándose de PeSD hay menor contratación de mujeres, los servicios públicos están más al debe que las empresas privadas y tanto empresas públicas como privadas están rezagadas en términos de adaptaciones para la contratación de estos trabajadores y trabajadoras. Es decir, la ley de inclusión, que fija la cuota de 1% para PeSD, no hace más que revelar la ausencia de una cultura de inclusividad en el mundo del trabajo. Es probable que se requiera de ajustes en la ley, como la incorporación del enfoque de género y nuevo impulso a las adaptaciones necesarias en empresas y otras organizaciones.
Los datos oficiales indican que en Chile hay más de 2.600.000 personas con alguna condición de discapacidad, y casi un 60% de ellas se encuentra desempleada, o trabajando de manera informal. Esa realidad no se condice con el excelente desempeño de las personas con alguna discapacidad, en tareas que les sean compatibles, por su actitud, eficiencia y responsabilidad con su labor. Ello ha sido reconocido por empresas que han impulsado política de inclusión laboral.
Todo lo anterior refuerza la necesidad de avanzar en estas materias, de modo a incluir otras iniciativas que complementen la inclusión laboral, como políticas de fomento cultural para personas en situación de discapacidad, programas de acceso a universidades y, sin duda, la realización de ferias para empleos inclusivos. Más de dos millones de chilenas y chilenos esperan por ello.