Tan importante como investigar la denuncia realizada por los diputados es establecer normas para evitar las malas prácticas. Las multas a las empresas y las clases de ética a los ejecutivos no han sido sanciones suficientemente disuasivas.
Otra vez términos como “colusión”, “cartel de precios” y “abusos” vuelven al debate público nacional. Ahora, por un eventual pacto realizado por Gasco, Abastible y Lipigas, las tres empresas que dominan el mercado del gas en Chile. De hecho, un grupo de diputados instó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a investigar si las empresas se han puesto de acuerdo para aumentar los precios. La denuncia involucra a productos ofrecidos en el servicio de gas residencial bajo la modalidad de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Es importante que la FNE realice la investigación. Los diputados entregaron antecedentes que merecen un pronunciamiento del organismo. Más todavía teniendo en cuenta que en determinados rubros hay alta concentración de mercado en pocas empresas, una característica que puede generar incentivos a manipular precios. Uno de los ejemplos más conocidos es el mercado de fármacos: tres cadenas controlan alrededor de 90% de las ventas, hubo colusión en ese sector y fue necesario 13 años para llegarse a un acuerdo con Cruz Verde y Salcobrand para compensar a cerca de 53.000 consumidores afectados. Las tres grandes en Chile (Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada) fueron acusadas de acordar precios en más de 200 medicamentos y, tras una larga batalla legal, el Sernac logró un acuerdo reparatorio. Otros casos están en la retina de la ciudadanía, dado que no son precisamente modelos de libre competencia, como el caso Penta, los escándalos de la Polar, la colusión de buses, de los pollos, de laboratorios para afectar licitaciones de Cenabast, y de los fabricantes de servilletas y pañales. Y qué decir de otros episodios relativamente recientes de incumplimiento legal y ético, como los “casos” Caval, Cascada, Ceresita, Corpesca, Soquimich, Freirina y Universidad del Mar.
Una nueva colusión — esta vez de tres empresas distribuidoras de gas — no sería ni rareza, ni algo inédito en el país. Es por ello que tan importante cuanto investigar la denuncia realizada por los diputados es establecer normas para evitar las malas prácticas. Las multas a las empresas y las clases de ética a los ejecutivos no han sido sanciones suficientemente disuasivas. El Congreso tiene la palabra, puesto que en 2019 el Ejecutivo presentó iniciativas destinadas a endurecer los castigos a delitos del mercado, incluso con penas de presidio. La denuncia de una posible colusión del gas debería servir para una retomada de la agenda antiabusos.