En materias de contingencia por la crisis sanitaria se pide urgencia. Pero a iniciativas que implican debates profundos y cambios constitucionales, no hay necesidad de convertirlas en ley antes de la elección de constituyentes.
La jornada de ayer fue un ejemplo más de que iniciativas legislativas pueden convertirse en ley con gran velocidad, si los parlamentarios así lo desean. Por la mañana, con 122 votos a favor y un amplio respaldo de Chile Vamos, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto para un tercer retiro de los fondos de pensiones. Y de paso agendó una nueva sesión desde las 16:30 para votar en particular la iniciativa. Al final del día, el proyecto fue despachado al Senado, contemplando los mismos montos a retirar que los primeros retiros del 10%, y además fueron incorporados temas nuevos, como la posibilidad de sacar recursos en rentas vitalicias, entre otras modificaciones.
Con la pandemia, una serie de iniciativas legales llegaron al Diario Oficial como leyes promulgadas con gran celeridad. Eso es precisamente lo que debe hacer el Congreso, puesto que aprobar y/o modificar una ley es una tarea que recae principalmente en el Poder Legislativo a través de la Cámara y del Senado de la República.
Con el fin de asegurar mayor legitimidad a una nueva ley, toda iniciativa legal pasa por un proceso de formación que lleva el texto normativo a que sea discutido, complementado o rechazado, si no encuentra respaldo. Ese proceso puede demorar tanto tiempo como los parlamentarios consideren necesario para discutir y desarrollar una iniciativa. Sin embargo, existen casos especiales, donde el Presidente de la República puede dar diferentes urgencias a la discusión: simple (30 días para legislar), suma urgencia (15 días para legislar) y discusión inmediata (6 días para legislar).
Tras la llegada del coronavirus y el inicio de la crisis sanitaria, diversas iniciativas legales fueron impulsados con la premura necesaria, como las destinadas a apoyar al empleo, la que estableció límite a reelección, a los sueldos de parlamentarios y la que aprobó el retiro de fondos de las AFP. Esa velocidad obtenida en 2020 y en lo que va del 2021 contrasta con iniciativas que literalmente duermen en el Congreso por años. La reforma a las pensiones, la definición de un ingreso mínimo garantizado, la reforma en temas de infraestructura crítica y de recursos naturales son algunos breves ejemplos. Hay iniciativas que pueden convertirse en ley en forma breve. Otras, claro está, exigen mayor análisis. En materias de contingencia por la crisis sanitaria se pide urgencia. Pero a iniciativas que tramitan hace años y que implican debates profundos y cambios constitucionales, no hay necesidad convertirlas en ley antes de la elección de constituyentes.