En las últimas semanas, incluso meses, la Corporación Privada de Desarrollo del Biobío (Corbiobío) ha insistido en la necesidad de apurar el trámite legislativo respecto a iniciativas que apuntan al fortalecimiento de las regiones: la denominada ley corta y la iniciativa de Rentas Regionales (ingresado al Congreso bajo el nombre de Descentralización Financiera). Lo anterior, considerando la pronta elección de gobernadores regionales y, pese a ello, aún existen temas en el aire, o como ha dicho la corporación, forman parte del “vacío legal” que es necesario zanjar.
La mencionada elección, efectivamente, está a la vuelta de la esquina. En las últimas semanas, las ocho candidaturas fueron inscritas, todas fueron ratificadas por el Servicio Electoral (en medio de una serie de objeciones a cartas de otros comicios) y se realizó un primer intercambio de ideas en un foro debate organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus).
No obstante todo lo anterior, las dudas persisten. En ese sentido, ahora el llamado de la mencionada corporación busca tener eco en las bancada regionalistas tanto del Senado como de la Cámara, buscando además, exponer su punto de vista en Congreso sobre un proceso que está en curso con el traspaso de competencias iniciado a comienzos de este 2021.
Pero, ¿cuáles son las dudas o falencias que observan los regionalistas? Más allá de lo planteado por Corbiobío o Chile Descentralizado (por mencionar dos organizaciones preocupados de este tema), se plantea la falta de atribuciones que las futuras autoridades tendrán en materia de educación, salud o infraestructura.
Otra “debilidad” observada es la dependencia de los secretarios ministeriales y directores de servicio, que responderán al delegado presidencial y no al gobernador o gobernadora regional como ocurre hoy con el intendente. Demás está decir, que las críticas se multiplican a la hora de hablar de autonomía financiera.
Todo ello debiera resolverse, al menos en parte, con las iniciativas de ley que actualmente se discuten en el Congreso. Producto del cierre estival, febrero será un mes sin avances legislativos, por lo que el llamado a concluir el debate antes de la elección del 11 de abril, idealmente en marzo, no parece una petición descabellada.