Millones de personas en situación de vulnerabilidad económica están hipotecando el futuro para encontrar una salida a la contingencia. Está claro quienes están pagando los costos de la pandemia.
La Comisión de Constitución aprobó ayer el segundo retiro de las AFP y con ello la propuesta pasará a ser discutida en la Cámara de Diputados. Luego, pasaría a su trámite en el Senado y, de ser aprobada la propuesta por ambas cámaras, podría convertirse en ley antes del 31 de diciembre.
De acuerdo al texto presentado por un grupo de parlamentarios, todo aquel que tenga fondos en su cuenta de capitalización individual podrá hacer efectivo un nuevo retiro. Se propone que sea por montos iguales a los del primer retiro, en un solo pago, y en cualquier momento ya que no tendría fecha de expiración. Además, el proyecto incorpora un retiro de la cuenta de deudores de pensión alimenticia, y el retiro excepcional de fondos acumulados en compañías de seguro en la modalidad de rentas vitalicias.
La propuesta, tal como ocurrió durante el proceso de tramitación del primer retiro, ha generado gran polémica. Los contrarios al segundo retiro han insistido en que el uso de los ahorros hoy se traducirá, inevitablemente, en menores pensiones en el futuro. En la otra vereda, los que aprueban la idea sostienen que no hay alternativa para minimizar los efectos económicos para familias que han visto mermar sus ingresos.
En la tramitación del proyecto para el primer retiro se anunciaron diversos efectos catastróficos, que al final no se cumplieron. No hubo debacle en los mercados de capitales, y de hecho el impacto bursátil ha sido marginal. A su vez, el argumento de que el retiro reducirá la pensiones del cotizante no ha tenido eco en la ciudadanía.
Un segundo retiro inyectará recursos frescos a la economía, aumentará la demanda por bienes y servicios y debería generar una reactivación a través de lo que conocemos como efecto multiplicador. Sin embargo, una mirada a largo plazo pone en duda la necesidad de que otra vez los cotizantes deban hacer mano de sus ahorros. Un artículo en esta edición revela que el Estado ha entregado alrededor de 4 mil millones de dólares a las familias, entre el bono Covid, el IFE y apoyo a la clase media con transferencias. En cambio, las familias han puesto entre 14 a 15 mil millones de dólares con el 10% de las AFP y el seguro de cesantía. Esa es la dimensión de la situación económica que no ha tenido suficiente solución por parte de las autoridades: millones de personas en situación de vulnerabilidad económica están hipotecando el futuro para encontrar una salida a la contingencia. Está claro quienes son los que pagan los costos de la pandemia.