El proyecto no ha dejado contento a nadie, pero los parlamentarios tienen ahí la oportunidad de avanzar en una materia que afecta a la ciudadanía en forma transversal.
Tramita en el Senado, y pronto deberá ser analizado por una Comisión Mixta, el proyecto conocido como “Ley de Fármacos II”, originado en una moción parlamentaria que ha recibido diversas modificaciones. En tesis, el proyecto apunta a introducir más competencia en la industria farmacéutica y, a través de una reducción de precios por las fuerzas del mercado, mejorar el acceso de los pacientes a los medicamentos.
Hay consciencia de que existe una alta concentración en el mercado de fármacos en Chile: operan cerca de tres mil farmacias, pero un 60% de ese total pertenece a tres cadenas que controlan alrededor de 90% de las ventas. En simples, son comercializados los medicamentos que exigen receta médica y los de venta libre, sin la obligatoriedad de la receta médica. En ambos casos están los medicamentos de “marca”, los genéricos y bioequivalentes. El proyecto de ley busca regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y permitir la venta de determinados fármacos en góndolas de supermercados, entre otros puntos de venta.
El texto que llegó al Senado obliga a los médicos a prescribir un medicamento usando la Denominación Común Internacional (DCI). También a poner a disposición de los pacientes medicamentos bioequivalentes y genéricos, prohíbe la interacción entre visitadores médicos y profesionales de la salud, limita el rotulado de envases con marcas y, además, considera fijar bandas de precios a los medicamentos, entre otros puntos críticos en debate.
El proyecto no ha dejado contento a nadie. Desde la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos advierten que, dada la situación de la bioequivalencia en Chile, sería un riesgo “aprobar una ley que obligue a las y los médicos a prescribir recetas exclusivamente por DCI”. Y puesto que los parlamentarios eliminaron el artículo que prohibía la integración vertical entre farmacias y laboratorios, ese panorama sólo beneficiará “a las grandes cadenas de farmacias”.
La Asociación de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes también rechaza el proyecto como está, dado que “no va al centro del problema, los precios no bajarán y el comparador de precios legalizará la colusión”.
Y los senadores, luego de estudiar 80 modificaciones realizadas por los diputados, decidieron rechazar 32. Probablemente las aseguradoras de salud tendrán algo a decir, pues se plantea a incluir el costo de algunos medicamentos como parte integral de los tratamientos. El Congreso tiene ahí la oportunidad de avanzar en una materia que afecta a la ciudadanía en forma transversal.